Abogada de Atentado a la Autoridad en Madrid

Basta un empujón a un agente, o incluso resistirse con fuerza, para que lo que parecía un incidente menor se convierta en un delito que puede llevar a prisión. Pero entre resistirse a una detención y atentar contra la autoridad hay una distancia enorme, y ahí se juega casi todo. Si te acusan de un atentado a la autoridad, conviene alguien que sepa separar el delito grave de la simple resistencia. Trabajo estos casos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El delito de atentado se regula en el artículo 550 del Código Penal, dentro del Título XXII, de los delitos contra el orden público. Castiga a quienes agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o a los funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. El delito protege el principio de autoridad y el correcto ejercicio de la función pública.

La pena depende de contra quién se dirija el atentado. Contra una autoridad, la prisión es de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses. Contra un agente o un funcionario público, la prisión es de seis meses a tres años. Y si la víctima es un miembro del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado, de una asamblea legislativa de las comunidades autónomas, un juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, la pena sube a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, por su posición en los poderes públicos.

El propio artículo 550 extiende esta protección a quienes acometan, agredan o intimiden gravemente a los docentes o al personal sanitario que se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Quienes realizan estas conductas son castigados con las penas del atentado como reos de este delito.

Muy cerca de la resistencia está la desobediencia a la autoridad. El artículo 556 castiga también la desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes, mientras que el faltar al respeto y a la consideración debida a la autoridad, cuando no llega a ser grave, se sanciona en el artículo 556.2 solo con multa de uno a tres meses.

La desobediencia consiste en negarse a cumplir una orden legítima y expresa de la autoridad. No toda negativa es delito: la orden debe ser clara, terminante y dictada por quien actúa dentro de sus competencias. Discutir si la orden reunía esos requisitos, o si la reacción fue una simple desobediencia y no una resistencia o un atentado, es parte esencial del trabajo de defensa en estos delitos contra el orden público.

La ley distingue entre autoridad, agentes de la autoridad y funcionarios públicos, y esa condición determina la pena. Es autoridad quien, por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano de la administración pública, ejerce mando o jurisdicción propia; los agentes son, típicamente, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ejecutan sus órdenes en cumplimiento de la función pública.

Además, el artículo 554 extiende la protección del atentado, la resistencia y la desobediencia a otros supuestos, como los miembros de las Fuerzas Armadas en determinadas misiones, el personal de seguridad privada que presta auxilio a la autoridad o coopera con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los bomberos o el personal sanitario y de emergencias cuando actúan en el ejercicio de sus funciones. Comprobar si la víctima tenía realmente esa condición protegida en el momento de los hechos es una cuestión que la defensa no pasa por alto.

Empiezo por reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido: qué motivó la intervención, cómo actuaron los agentes y qué hiciste tú en cada momento. Reviso el atestado policial, los partes de lesiones y cualquier grabación disponible, prueba a menudo decisiva, y con ese análisis te explico con franqueza cómo veo el caso y respondo a todas tus dudas, porque una respuesta clara desde el principio te ayuda a decidir. No prometo resultados, pero sí un trabajo riguroso sobre cada dato que la acusación tiene que sostener.

A partir de ahí planteo la reconducción del atentado a un delito de resistencia o de desobediencia cuando procede, discuto la legitimidad de la actuación policial y el alcance de tu conducta, y valoro, si conviene a tus intereses, una conformidad ventajosa. Actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos contra el orden público, y coordino la defensa con Ramírez y Crespo Abogados cuando el asunto lo requiere. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen empezar con una detención y el traslado a comisaría, seguidos de la puesta a disposición del Juzgado de Guardia. Muchos atentados y resistencias se tramitan como juicio rápido cuando se dan sus requisitos, por lo que las decisiones importantes llegan enseguida, a veces en cuestión de días. Por eso el tiempo es un factor crítico y la asistencia letrada es obligatoria desde el primer momento tras la detención.

El enjuiciamiento corresponde, según la pena, al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial, con recurso contra la sentencia. Si careces de medios, puedes solicitar abogado de oficio a través del turno del ICAM. Te acompaño desde la primera declaración, ya en sede policial. Y lo repito siempre: no declares sin abogado, porque en el atentado y la resistencia la calificación se juega en los matices de lo que pasó y conviene fijarlos bien desde el inicio.