Abogada de delitos contra la Administración de justicia en Madrid

Saltarse una orden de alejamiento sin medir las consecuencias. Ayudar a un familiar que estaba en un lío y verte de pronto señalado como encubridor. Los delitos contra la Administración de justicia aparecen a menudo por sorpresa, en el contexto de otro procedimiento, y tienen contornos técnicos que conviene entender bien. No todo testimonio inexacto es falso testimonio, ni toda ayuda a un allegado es encubrimiento. He defendido a testigos, familiares y personas con una condena que se complicó, cuidando siempre el detalle jurídico. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

Los delitos contra la Administración de justicia son un conjunto de figuras del Título XX del Código Penal que protegen el correcto funcionamiento de la actividad jurisdiccional, es decir, que los tribunales puedan juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sin interferencias. El bien jurídico protegido es esa función jurisdiccional, ligada al derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución Española. Son, en su mayoría, delitos dolosos, que exigen actuar con conocimiento y voluntad. Estos delitos afectan a los tribunales y a quienes intervienen en ellos, desde un testigo hasta un miembro del órgano judicial, y protegen bienes jurídicos ligados a la tutela judicial, no al patrimonio en sentido estricto. A continuación repaso las figuras más frecuentes.

El artículo 458 castiga al testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. Si el falso testimonio se da en contra del reo en causa criminal por delito, las penas son de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses, y si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se imponen las penas superiores en grado. Los artículos siguientes extienden la figura a los peritos e intérpretes que falten a la verdad en su dictamen o traducción, prevén un tipo atenuado y castigan a quien presenta a sabiendas testigos falsos o peritos mendaces. Existe, además, una excusa que puede beneficiar a quien se retracta a tiempo.

El artículo 451 establece que será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años quien, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en él como autor o cómplice, interviene con posterioridad ayudando a los autores a beneficiarse del provecho del delito, ocultando o inutilizando su cuerpo, efectos o instrumentos, o ayudando a los presuntos responsables a eludir la investigación de la autoridad. La ley limita la responsabilidad de los encubridores y prevé una excusa absolutoria cuando el encubrimiento se realiza en favor de determinados parientes, salvo el auxilio para el aprovechamiento del delito. Distinguir el encubrimiento de la simple solidaridad familiar es a menudo la clave de la defensa.

Bajo este capítulo se agrupan varias conductas. El artículo 463 castiga la incomparecencia injustificada de quien, citado legalmente, deja de comparecer en una causa criminal provocando su suspensión. Otros preceptos sancionan el intento de influir con violencia o intimidación en quien va a actuar en un procedimiento, las represalias por una actuación procesal, la destrucción de documentos o la deslealtad profesional del abogado o procurador que perjudica a su cliente o revela actuaciones declaradas secretas. Son figuras muy ligadas al desarrollo mismo del proceso. Algunas de estas conductas, cuando las cometen funcionarios en el ejercicio de sus servicios, llevan aparejada la inhabilitación especial para empleo o cargo público, de modo que la inhabilitación especial se suma a la pena principal, y la deslealtad profesional será castigada con la pena que corresponda por el perjuicio a sus clientes.

El artículo 468 castiga a quienes quebranten su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. La pena es de prisión de seis meses a un año si el sujeto estaba privado de libertad, y de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. El apartado segundo impone en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año cuando se quebranta una pena o medida cautelar de alejamiento impuesta en procesos en los que el ofendido sea alguna de las personas protegidas frente a la violencia de género o doméstica. El apartado tercero sanciona con multa a quien inutiliza o perturba los dispositivos técnicos de control. El delito se comete durante la vigencia de la medida, y el apartado primero del art. 468 CP se aplica a las medidas de seguridad de la misma naturaleza. El quebrantamiento de una orden de alejamiento es hoy uno de los supuestos más frecuentes.

El artículo 455 castiga a quien, para realizar un derecho propio y actuando fuera de las vías legales, emplea violencia, intimidación o fuerza en las cosas. La pena es de multa de seis a doce meses, que se agrava si se utilizan armas u otros medios peligrosos. Es la respuesta penal a quien se toma la justicia por su mano en lugar de acudir a los tribunales, por ejemplo para cobrar una deuda o recuperar un bien.

Dentro del mismo Título se encuentra la acusación y denuncia falsa del artículo 456, que castiga a quien imputa a otro hechos delictivos a sabiendas de su falsedad. Por su entidad, la trato de forma específica en la página dedicada a la denuncia falsa, a la que remito para su análisis detallado. Aquí basta con señalar que no debe confundirse con el falso testimonio: una cosa es denunciar en falso y otra faltar a la verdad como testigo dentro de un proceso.

El Título XX incluye también los delitos contra la Administración de justicia de la Corte Penal Internacional, que sanciona conductas como el falso testimonio o las represalias cometidas ante ese tribunal, competente para juzgar crímenes como el delito de lesa humanidad. Es una manifestación de la proyección internacional de la justicia, aunque en la práctica su aplicación es minoritaria frente al resto de figuras del título.

La primera línea de defensa es la precisión del tipo, porque estas figuras son muy exactas y no admiten interpretaciones extensivas. La segunda es el dolo: el falso testimonio exige faltar a la verdad conscientemente, no equivocarse o recordar mal, y el encubrimiento exige conocer la comisión del delito. La tercera es la relevancia de la conducta, por ejemplo que el testimonio recayera sobre hechos esenciales. La cuarta es la posible excusa absolutoria, como la de los parientes en el encubrimiento o la retractación en el falso testimonio. Y la quinta es la prueba, casi siempre delicada, sobre el estado de conocimiento y la intención del investigado.

Empiezo por situar la conducta en el procedimiento del que trae causa, porque estos delitos casi nunca se entienden de forma aislada. Estudio las actuaciones, las declaraciones y la prueba, y valoro con precisión el encaje en el tipo y la concurrencia del dolo. A partir de ahí decidimos juntos la estrategia, que puede pasar por negar la intención, discutir la relevancia de la conducta, invocar una excusa absolutoria o reconducir la calificación. Por experiencia, muchos abogados descuidan la precisión de estos tipos; mi objetivo es ordenar la asistencia y los servicios de defensa desde el primer momento. Te acompaño en cada paso, con claridad y sin promesas de resultado.

El procedimiento suele nacer dentro de otra causa, cuando surge un indicio de falso testimonio, de encubrimiento o de quebrantamiento, y se abre una instrucción centrada en las declaraciones y en la prueba documental. Si los indicios se confirman, el asunto llega a juicio ante el Juzgado de lo Penal. Intervenir cuanto antes permite ordenar la prueba y evitar que un incidente procesal se convierta en una condena que no corresponde.

Si te investigan por un delito contra la Administración de justicia, conviene actuar cuanto antes y con precisión técnica. Puedes escribirme o llamar directamente al 679 83 61 05 y lo revisamos juntos. Trabajo desde Princesa 24, en Madrid, con la defensa penal como única especialidad. Si buscas abogado delitos administración de justicia Madrid, lo importante es que quien te defienda haga solo derecho penal y domine el detalle de estos tipos. Puedes conocer mi trabajo como abogada penalista en Madrid, ver el resto de delitos contra el orden público que llevo, o revisar figuras cercanas como la denuncia falsa y los delitos contra la Administración pública. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.