Abogada de delitos contra el orden público en Madrid

En un caso así conviene alguien que sepa leer lo que de verdad ocurrió. Llevo más de 15 años ejerciendo derecho penal y estos delitos son parte de mi trabajo diario. Viven en el Título XXII del Código Penal, que protege la paz pública, y casi todo se decide en lo que la acusación pueda probar. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Te defiendo con la presunción de inocencia por delante. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

Los delitos contra el orden público están regulados en el Título XXII del Código Penal español. Protegen la paz pública y el normal funcionamiento de las instituciones. Afectan a la paz social y a la convivencia de la comunidad.

Las principales categorías son los desórdenes públicos y el atentado contra la autoridad. También la resistencia y la desobediencia, la tenencia ilícita de armas y el terrorismo. Cada tipo tiene su pena y su defensa.

El objeto de protección es la tranquilidad y el orden de la sociedad. Protegen una serie de bienes: la paz, la seguridad y la confianza en las instituciones. La frontera con una simple infracción administrativa, la llamada Ley Mordaza, es fina. Este trabajo forma parte de mi labor como abogada penalista en Madrid.

Los desórdenes públicos son actos de violencia o intimidación cometidos en grupo que perturban la paz ciudadana. El artículo 557 los castiga con prisión de 6 meses a 3 años. Es el delito estrella de las manifestaciones.

Esa alteración del orden afecta a los servicios públicos y a los funcionarios públicos que los prestan. Por eso la ley la castiga con dureza. Pero cada conducta debe probarse de forma individual.

Si actúa una multitud con el fin de alterar gravemente el orden, la pena sube a 3 a 5 años. Portar instrumentos peligrosos o usar armas de fuego agrava el delito. También se castiga provocar avalanchas que pongan en peligro la vida.

La defensa se juega en la prueba. Un vídeo o una identificación dudosa entre cientos de personas puede desmontar la acusación. Reviso cada elemento del atestado.

El atentado contra la autoridad es agredir u oponer resistencia grave a un agente en el ejercicio de sus funciones. El artículo 550 prevé prisión de 1 a 4 años, y de 6 meses a 3 años si es contra agentes. Contra altos cargos sube más.

La resistencia y la desobediencia a la autoridad consisten en negarse a cumplir órdenes legítimas. El artículo 556 las castiga con prisión de 3 meses a 1 año o multa. Es una figura menos grave que el atentado.

No es lo mismo una resistencia pasiva que una activa. Esa distinción cambia el tipo y la pena, y la trabajo desde el principio. La calificación de los hechos lo decide casi todo.

El orden público conecta con otras áreas. El tráfico de drogas afecta a la salud pública, con penas que van de 1 a 6 años según la sustancia. Lo desarrollo en delitos contra la salud pública.

Los delitos de terrorismo son acciones violentas que buscan subvertir el orden constitucional. Se juzgan en la Audiencia Nacional, no en los juzgados ordinarios. Son los más graves de este grupo.

Las penas de estos delitos van de una multa a cinco años de prisión en los desórdenes con multitud. El grado de violencia, el grupo y el uso de armas mueven esa horquilla. Cada hecho cuenta.

Una condena deja antecedentes penales que afectan tu vida y tus permisos. Por eso peleo la calificación y las medidas cautelares. En ciertos casos cabe estudiar la vía de los indultos.

Muchos de estos delitos se enjuician por juicio rápido, sobre todo tras una manifestación. La primera declaración en el juzgado de guardia es clave. Te acompaño desde el inicio.

La instrucción investiga los hechos y el grado de participación, artículo 324 LECrim. Propongo la prueba de descargo y los vídeos. Cada asunto sigue su procedimiento propio, y vigilo las garantías de la Constitución en cada fase. Actúo en toda la Comunidad de Madrid.