Abogada de extradición en Madrid

Una extradición empieza muchas veces con una detención por una orden internacional y avanza deprisa entre plazos, tratados y decisiones que se toman en dos planos, el judicial y el político. No es un proceso en el que se juzgue si eres culpable, sino si España debe entregarte a otro Estado, y ahí hay mucho que discutir: la doble incriminación, la prescripción, tus derechos humanos o el riesgo real que corres en el país que te reclama. Afronto estos casos en Madrid, ante la Audiencia Nacional, en colaboración con Ramírez y Crespo Abogados. Llevo más de quince años dedicada solo al derecho penal. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

La extradición es el procedimiento por el que un Estado entrega a otro a una persona reclamada para ser juzgada o para cumplir una condena. La Constitución española la contempla en su artículo 13.3, que solo la permite en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad y excluyendo los delitos políticos.

Hay dos perspectivas. La extradición activa es la que solicita España a otro país cuando quiere que le entreguen a un investigado o condenado; la tramitan los tribunales españoles conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La extradición pasiva es la que otro Estado dirige a España para que entregue a la persona reclamada, y es en la que se concentra la defensa de quien está aquí y teme ser entregado. En esta página me centro, sobre todo, en la extradición pasiva y en la orden europea, que son los casos que vive quien se encuentra en Madrid.

El procedimiento tiene varias fases. Se inicia con una fase gubernativa: recibida la solicitud de extradición por vía diplomática, el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, decide si continúa el procedimiento en vía judicial o lo deniega ya en este momento. Es una primera criba política, previa a la intervención de los tribunales.

Si el Gobierno acuerda continuar, se abre la fase judicial ante la Audiencia Nacional. Allí se oye a la persona reclamada, se practican las alegaciones y la prueba admisible y la Sala de lo Penal resuelve, mediante auto, si procede o no la entrega. Contra esas resoluciones cabe recurso. Y aun cuando la Audiencia Nacional declare procedente la extradición, el Gobierno conserva la facultad de denegar la entrega en la fase final, atendiendo a razones de soberanía, seguridad o reciprocidad. Los plazos son estrictos: tras la detención de la persona reclamada, el Estado requirente dispone de un plazo limitado, en torno a cuarenta días, para formalizar la solicitud de extradición. Y, agotada la vía judicial, todavía cabe acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional cuando se han vulnerado derechos fundamentales. Esa estructura ofrece varias oportunidades de defensa a lo largo del proceso.

Varios principios ordenan toda la materia y son, a la vez, herramientas de defensa. El principio de doble incriminación exige que el hecho por el que se reclama a la persona sea delito tanto en el país requirente como en España; si aquí no lo es, no cabe la entrega. El principio de especialidad impide que, una vez entregada, la persona sea juzgada por hechos distintos de los que motivaron la extradición.

A ellos se suma el principio de reciprocidad, que inspira el artículo 13.3 de la Constitución, y la regla del non bis in idem, que impide una nueva extradición por un hecho ya juzgado. Comprobar que se respetan todos estos principios es uno de los primeros filtros por los que paso cualquier solicitud de extradición.

Defender en una extradición no es defender el fondo del delito, que se juzgará, en su caso, en el país requirente, sino impedir o condicionar la entrega. El trabajo consiste en examinar la solicitud, detectar los defectos del expediente y construir los motivos de oposición: falta de doble incriminación, prescripción, riesgo para los derechos humanos, defectos formales de la documentación o insuficiencia de garantías.

En la Orden Europea de Detención y Entrega, la defensa se apoya en los motivos de denegación previstos en la Ley 23/2014 y en la exigencia de garantías al Estado emisor. En la extradición pasiva, se actúa en los dos planos, el judicial ante la Audiencia Nacional y el gubernativo ante el Gobierno. Cada vía tiene sus tiempos y sus argumentos, y prepararlos bien marca la diferencia.

La extradición no se entiende sin su marco internacional. En el ámbito europeo rige, de forma histórica, el Convenio Europeo de Extradición de 1957, y España tiene suscritos tratados bilaterales con más de treinta países de todo el mundo. Esos tratados internacionales se aplican con preferencia sobre la Ley 4/1985 y fijan, para cada relación entre Estados, los delitos que dan lugar a la entrega y las condiciones en que procede.

Identificar qué convenio o tratado rige el caso concreto es un paso decisivo, porque de él dependen los plazos, los motivos de denegación y las garantías exigibles. Ese análisis del marco aplicable es una de las primeras tareas de la defensa.

No prometo un resultado. Trabajo sobre el expediente, los tratados y los plazos, y coordino la defensa con los especialistas de Ramírez y Crespo Abogados para cubrir la dimensión internacional del caso. Empiezo por lo urgente: la situación personal de la persona reclamada, la posible prisión provisional y la primera comparecencia.

A partir de ahí, examino la solicitud de extradición, preparo los motivos de oposición y, si hay riesgo para tus derechos, lo pongo en el centro de la defensa. Actúo ante la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción, con la discreción que estos asuntos exigen, evitando la exposición innecesaria en los medios de comunicación. Esta labor forma parte de mi trabajo de abogada penalista en Madrid y de la asistencia al detenido, y se prolonga, cuando procede, en los recursos penales posteriores. La decisión, en cada paso, la tomas tú con toda la información delante.