Abogada de juicio rápido en Madrid

Así de deprisa se mueve un juicio rápido, y esa velocidad, que parece una ventaja, juega en contra de quien llega sin defensa preparada. En cuestión de horas hay que leer el atestado, decidir si conviene la conformidad o ir a juicio y preparar la prueba. El juicio rápido es un procedimiento pensado para resolver deprisa determinados delitos, pero la prisa no puede costarte derechos. Por eso, si te han citado ante el juzgado de guardia en Madrid, lo primero es sentarte con un abogado penalista antes de declarar nada. Llevo más de quince años dedicada solo al derecho penal. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El juicio rápido, o procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, es un procedimiento penal especial diseñado para agilizar la respuesta de la justicia ante hechos sencillos de instruir. Se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos 795 a 803, dentro del Título III del Libro IV, tras la reforma introducida por la Ley 38/2002.

Su lógica es simple: cuando un delito es claro, está bien documentado en el atestado y su instrucción es sencilla, no tiene sentido alargar el procedimiento durante meses. La ley concentra entonces las actuaciones ante el juzgado de guardia y remite el enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal en un plazo muy breve. Esa concentración de trámites es la seña de identidad del enjuiciamiento rápido, y también su mayor riesgo para el acusado que no cuenta con defensa desde el inicio.

Conviene tener claro algo desde el principio: rápido no significa automático. El juicio rápido mantiene todas las garantías del proceso penal, incluida la presunción de inocencia. Lo que cambia son los plazos, no los derechos.

Junto a los delitos flagrantes, el artículo 795 enumera una serie de delitos que se tramitan por esta vía siempre que se cumplan los límites de pena. Entre los delitos castigados con pena dentro de esos márgenes están el hurto, el robo, el robo y hurto de uso de vehículos, los delitos contra la seguridad del tráfico, los daños del artículo 263 del Código Penal, los delitos contra la salud pública del artículo 368.2, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y las lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual ejercida sobre las personas del entorno familiar.

Por eso el juicio rápido es la vía habitual en asuntos como la alcoholemia, la conducción sin permiso, un hurto en un establecimiento o una pelea con lesiones. Son delitos frecuentes, con atestado y, a menudo, con detención. Que tu caso encaje en esta lista no prejuzga el resultado: cada uno de esos delitos tiene su propia defensa, y el hecho de que se enjuicie deprisa no lo hace menos discutible.

Recibidas las actuaciones, el juez de guardia incoa diligencias urgentes. En ellas, y de forma concentrada, se practica lo imprescindible: se recaban los antecedentes penales, se piden los informes periciales pendientes, se toma declaración al acusado y a los testigos y se practica cualquier prueba urgente que no pueda esperar. Es el corazón de la instrucción del juicio rápido.

Terminadas las diligencias urgentes, el juez de guardia decide. Puede acordar el sobreseimiento si no hay indicios de delito, remitir el asunto al procedimiento abreviado cuando la instrucción se revela más compleja de lo previsto, o abrir la preparación del juicio oral por la vía rápida. Aquí interviene de lleno la defensa: solicito el sobreseimiento cuando no hay base, o me opongo a la continuación cuando el caso no reúne los requisitos del juicio rápido.

El juicio rápido ofrece una posibilidad que no existe en otros procedimientos con la misma intensidad: la sentencia de conformidad ante el propio juzgado de guardia, con una reducción de la pena en un tercio. Si el acusado se muestra conforme con la pena solicitada, el juez de guardia dicta sentencia de conformidad en el acto y aplica esa rebaja.

La conformidad tiene límites. Procede cuando el delito está castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años, y siempre que la pena solicitada, reducida en un tercio, no supere los dos años de prisión. No es una decisión menor: aceptar una conformidad significa asumir una condena. Por eso la estudio caso por caso, con números concretos sobre la mesa, y solo la recomiendo cuando es realmente la mejor salida. La decisión, siempre informada, la tomas tú.

Si no hay conformidad, el asunto se remite al Juzgado de lo Penal para la celebración del juicio oral, que suele señalarse en un plazo breve, del orden de quince días. En esa vista se practican las pruebas, declaran los testigos y peritos, y cada parte expone sus conclusiones. La rapidez no rebaja las exigencias: la acusación tiene que probar los hechos y la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Celebrado el juicio, el juez dicta sentencia dentro de los tres días siguientes. Esa sentencia puede ser absolutoria o condenatoria, y contra ella cabe recurso. La velocidad del procedimiento no impide una defensa a fondo si se ha preparado bien desde el atestado, que es justo lo que trabajo desde el primer contacto.

Una sentencia de juicio rápido no siempre es la última palabra. Contra la sentencia del Juzgado de lo Penal cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en el que se pueden discutir tanto la valoración de la prueba como la aplicación del Código Penal o la pena impuesta.

Analizo cada sentencia para detectar los motivos de recurso: errores en la valoración de la prueba, vulneración de derechos, defectos del procedimiento o una pena desproporcionada. Cuando hay base, preparo el recurso de apelación penal con el mismo rigor que el juicio, porque muchas veces es ahí donde se corrige un resultado injusto.

En el juicio rápido la asistencia de abogado es obligatoria, y no por trámite: la falta de tiempo puede perjudicar seriamente el derecho a una defensa sólida. Quien afronta el juzgado de guardia sin preparación toma decisiones trascendentes, como una conformidad, con poca información y bajo presión.

Intervengo desde la detención o desde la citación, examino el atestado con rapidez, te explico con claridad las consecuencias de cada opción y organizo la defensa en el escaso margen disponible, a menudo en menos de 72 horas. Esta es una parte central de mi trabajo de abogada penalista en Madrid y de la asistencia al detenido. Si no puedes designar abogado, el ICAM gestiona el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita para quien reúne los requisitos.

No prometo un resultado. Trabajo sobre el atestado, la prueba y los plazos, y empiezo por lo esencial: leer las actuaciones, hablar contigo y fijar una estrategia realista antes de que declares. Cada decisión, la tomamos con la información delante.

Según el caso, solicito el sobreseimiento cuando no hay indicios, discuto que concurran los requisitos del juicio rápido para reconducirlo a un procedimiento con más margen de instrucción, negocio una conformidad ventajosa cuando de verdad conviene, o preparo el juicio oral para pelear la absolución. Y si la sentencia no es la que corresponde, voy al recurso. La prisa del procedimiento no me hace bajar el nivel de exigencia.