Abogada de penal militar en Madrid

La justicia militar tiene reglas propias, tribunales propios y un código propio, y quien la afronta como si fuera la jurisdicción ordinaria comete un error de partida. Ser militar o guardia civil investigado por un delito militar exige una defensa que conozca ese terreno. Trabajo estos asuntos en Madrid, ante la jurisdicción militar, en colaboración con Ramírez y Crespo Abogados. Llevo más de quince años dedicada solo al derecho penal. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El Código Penal Militar vigente se aprobó por la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, y entró en vigor el 15 de enero de 2016. Sustituyó al código anterior y ordenó la materia en dos libros con ochenta y cinco artículos, tipificando los delitos estrictamente militares y sus penas. Su finalidad es proteger bienes jurídicos castrenses: la disciplina, la unidad, la jerarquía y el correcto funcionamiento del servicio.

El Código Penal Militar no vive aislado. Se aplica de forma preferente en lo militar, pero remite al Código Penal común como norma supletoria en todo lo no previsto, y en muchos aspectos comparte con él la parte general. Conocer esa relación entre el Código Penal Militar y el Código Penal ordinario es clave para calibrar penas, atenuantes y consecuencias.

El Código Penal Militar se aplica, con carácter general, a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando cometen un delito militar. También alcanza, en determinados supuestos, a los miembros de la Guardia Civil, dada su naturaleza de instituto armado de carácter militar, cuando actúan en el ejercicio de funciones de esa índole o cometen delitos específicamente militares.

No todo lo que hace un militar es delito militar. Un mismo hecho puede ser un delito común, competencia de la jurisdicción ordinaria, o un delito estrictamente militar, competencia de la jurisdicción militar. Delimitar bien esa frontera es una de las primeras tareas de la defensa, porque de ella depende qué tribunales juzgan el caso y con qué normas.

La ley prevé una organización especial de la jurisdicción militar en situación de conflicto armado, con órganos y reglas propias para esas circunstancias excepcionales. Es una muestra de hasta qué punto el derecho militar responde a una lógica distinta de la del derecho penal común, pensada para garantizar el servicio y la disciplina incluso en el escenario más extremo.

En tiempo de paz, que es el habitual, resuelven los tribunales militares ordinarios, integrados por magistrados y por militares con formación jurídica, y sus resoluciones se recurren dentro del propio sistema. Sea cual sea el escenario, la defensa parte siempre del respeto a las garantías y a los derechos del investigado.

Las penas del Código Penal Militar se clasifican en graves y menos graves, y abarcan desde penas cortas, de tres meses y un día, hasta la prisión de larga duración. La más severa se reserva para los delitos más graves: la traición militar puede castigarse con prisión de quince a veinticinco años. Junto a la prisión existen penas propias del ámbito militar, como la pérdida de empleo, que aparta definitivamente de la carrera, o la baja en las Fuerzas Armadas.

Esa dimensión es la que hace tan delicados estos procedimientos: una condena penal militar no solo puede suponer prisión, sino el final de una carrera. Por eso peleo primero la absolución y, cuando la prueba de cargo es sólida, la calificación menos grave y la pena en su extensión mínima, cuidando siempre las consecuencias sobre tu situación profesional.

Conviene separar dos planos que a menudo se confunden. El delito militar se persigue por la vía penal, ante los tribunales militares y conforme al Código Penal Militar. La falta disciplinaria, en cambio, pertenece al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, regulado por la Ley Orgánica 8/2014, y se sanciona en vía administrativa por el mando, con control judicial posterior.

La diferencia importa mucho. Una misma conducta puede analizarse como delito o como falta según su gravedad, y las consecuencias son muy distintas. En la defensa trabajo las dos vías, tanto para evitar que un hecho disciplinario se convierta indebidamente en penal como para recurrir las sanciones disciplinarias injustas ante la jurisdicción militar. Dominar la relación entre lo penal y lo disciplinario es esencial en este terreno.

El procedimiento penal militar sigue sus propias reglas, fijadas en la Ley Orgánica 2/1989, Procesal Militar. La instrucción la lleva un Juzgado Togado Militar, que practica las diligencias, y el enjuiciamiento corresponde al Tribunal Militar Territorial o al Tribunal Militar Central, según la gravedad del delito y el destino del militar. La acusación pública la ejerce la Fiscalía Jurídico Militar.

Contra las sentencias cabe recurso, y en su caso el recurso de casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que unifica la interpretación de las leyes militares. Conocer los tiempos y las particularidades de este procedimiento, distintas de las del proceso penal ordinario, permite preparar la defensa con la antelación que el caso exige.

Defender en el ámbito penal militar exige combinar el derecho penal con el conocimiento de la organización de las Fuerzas Armadas y de sus normas. Reviso los hechos, la calificación, la prueba y el respeto a los derechos del investigado, que son los mismos que en cualquier proceso penal: presunción de inocencia, derecho de defensa y a un juicio con garantías.

En estos asuntos se maneja a menudo información reservada o sensible, y hay que tratarla con la máxima discreción. Cuando el caso lo requiere, coordino la defensa con peritos y con los especialistas en derecho militar de Ramírez y Crespo Abogados, para cubrir cada frente. El objetivo es doble: proteger tu libertad y proteger tu carrera.

No prometo un resultado. Trabajo sobre el atestado o el parte, la calificación del hecho y las dos vías posibles, la penal y la disciplinaria, y coordino la dimensión especializada con Ramírez y Crespo Abogados. Empiezo por lo urgente: tu declaración, la posible detención y las medidas que puedan afectar de inmediato a tu destino.

A partir de ahí, preparo la prueba de descargo, planteo los recursos que procedan ante los tribunales militares y cuido en todo momento las consecuencias profesionales de cada decisión. Esta labor se enmarca en mi trabajo de abogada penalista en Madrid, junto a la asistencia al detenido y la preparación de los recursos penales que procedan. Actúo ante la jurisdicción militar con sede en Madrid y en toda España cuando el asunto lo requiere. La decisión, en cada paso, la tomas tú con toda la información delante.