Abogada de Desórdenes Públicos en Madrid

Los desórdenes públicos son de esos delitos que nacen del tumulto, donde cuesta separar a quien ejerció su derecho a protestar de quien de verdad ejerció violencia. Y esa distinción lo es todo. Si te acusan de desórdenes públicos, conviene alguien que sepa deslindar la protesta legítima del delito y exigir prueba de tu conducta concreta. Trabajo estos casos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El artículo 557 castiga a quienes, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o sobre las cosas, obstaculicen las vías públicas creando un peligro para la vida o la salud de las personas, o invadan instalaciones o edificios alterando el normal funcionamiento de sus servicios. La pena del tipo básico es de prisión de seis meses a tres años.

En concreto, el delito de desórdenes públicos se comete ejecutando actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; obstaculizando las vías públicas de un modo peligroso para la vida o la salud; o al invadir u ocupar un establecimiento, un domicilio de persona jurídica o unos servicios públicos, invadiendo instalaciones o edificios y alterando su funcionamiento. Todas estas conductas comparten el mismo fin de atentar contra la paz pública.

Hay dos elementos que la defensa examina con lupa. El primero es la actuación en grupo: el delito castiga la violencia colectiva, no cualquier incidente aislado. El segundo, y decisivo, es el fin de atentar contra la paz pública, un elemento intencional que debe probarse y que no concurre en quien simplemente participa en una protesta o se ve arrastrado por los acontecimientos.

El artículo 557 prevé penas más graves en varios supuestos. Cuando los desórdenes se cometen por una multitud cuyo número, organización y finalidad son idóneos para afectar gravemente el orden público, la pena sube a prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial, y si los autores son autoridades o funcionarios, se les impone además la inhabilitación absoluta. Se castiga así con más dureza a la multitud cuyo número y organización resultan idóneos para afectar gravemente la convivencia.

También se agravan por los medios empleados: si se actúa portando armas u objetos peligrosos, con artefactos incendiarios, profiriendo amenazas o al llevar a cabo actos de pillaje, la pena se impone en su mitad superior, y cuando se usan armas de fuego, en un grado superior. Que la acusación invoque uno de estos agravantes no significa que concurra: discutir el número real de intervinientes, su organización o el uso efectivo de esos medios puede rebajar mucho la calificación.

El capítulo de los desórdenes públicos, que abarca los artículos 557 a 561, incluye otras conductas próximas. El artículo 558 castiga la perturbación grave del orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, o en solemnidades o reuniones, con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses. El artículo 560 sanciona los daños a las conducciones o infraestructuras de telecomunicaciones, ferrocarril u otros servicios públicos, con penas que, según el caso, pueden ir de uno a cinco años. También se castiga con prisión de seis meses a dos años a quien provoca una avalancha o estampida de la multitud peligrosa para las personas. La invasión u ocupación de un domicilio de persona jurídica, un establecimiento o unos servicios públicos, o la perturbación grave del orden en ese domicilio, también puede integrar estos desórdenes.

Y el artículo 561 castiga a quien, con el fin de atentar contra la paz pública o de provocar el temor a un siniestro o riesgo, afirme falsamente la existencia de una bomba, un artefacto explosivo o un aparato similar, o de una emergencia, con prisión de tres meses a un año o multa. Cada figura tiene sus propios requisitos, y la defensa examina si el hecho encaja de verdad en alguna de ellas.

Empiezo por reconstruir lo ocurrido con el máximo detalle: el contexto de la protesta o el evento, qué hizo el grupo y qué se te atribuye a ti en concreto. Reviso los atestados, las grabaciones y los reportajes gráficos y, con ese análisis, te explico con franqueza cómo veo el caso y respondo a todas tus dudas, porque una respuesta clara desde el principio te ayuda a decidir. No prometo resultados, pero sí un trabajo riguroso sobre cada dato que la acusación tiene que sostener.

A partir de ahí discuto la existencia del fin de atentar contra la paz pública, la autoría individualizada y el deslinde con el derecho de reunión, y valoro, si conviene a tus intereses, una conformidad ventajosa. Actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos contra el orden público, junto a figuras como el atentado a la autoridad, y coordino la defensa con Ramírez y Crespo Abogados cuando el asunto lo requiere. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen empezar con detenciones practicadas por la policía durante o después de los incidentes en las vías públicas, seguidas de la puesta a disposición del Juzgado de Guardia. La prueba estrella suele ser el material gráfico, las grabaciones de cámaras y de móviles y los atestados de la policía, cuya lectura y cuestionamiento son esenciales para la defensa.

La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción y se enjuicia, según la pena, en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial, con recurso contra la sentencia. Te acompaño desde la primera declaración, ya en sede policial. Y lo repito siempre: no declares sin abogado, porque en el delito de desórdenes públicos la calificación depende de matices de conducta e intención que conviene fijar bien desde el inicio.

Muchos de estos casos empiezan con una detención en plena vía pública, y conviene conocer bien tus derechos. La detención no puede durar más de 72 horas antes de la puesta a disposición judicial. Desde el primer momento tienes derecho a asistencia letrada, y la policía debe informarte de tus derechos de forma inmediata, conforme al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, la detención debe estar justificada y no ser arbitraria.

Si careces de medios, puedes solicitar un abogado de oficio a través del turno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Actuar con rapidez en las primeras 24 a 48 horas suele ser decisivo, por lo que ofrezco respuesta urgente al detenido en comisaría o en el Juzgado de Guardia. Y una parte importante de la defensa es revisar la autenticidad y el contenido de las grabaciones de cámaras y del material videográfico en que se apoya la acusación.