Abogada de amenazas y coacciones en Madrid

Muchas denuncias por amenazas nacen de ahí, de un momento de tensión, y no siempre lo que se dijo encaja en un delito. La ley distingue con cuidado entre una amenaza seria y una frase soltada en un arrebato, y esa frontera es justo donde se defiende el caso. Si te han denunciado por amenazas o por coacciones, conviene alguien que se dedique solo a esto y sepa dónde mirar. Trabajo estos asuntos en Madrid desde la presunción de inocencia, sin dar por hecho que hubo delito. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

Amenazar es anunciar a otra persona un mal futuro. El artículo 169 castiga la amenaza cuando ese mal es constitutivo de delito: un homicidio, unas lesiones, un aborto, un delito contra la libertad, la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio o el orden socioeconómico. No se castiga el mal en sí, que aún no ha ocurrido, sino el anuncio serio de causar ese mal constitutivo de delito. El bien jurídico protegido es la libertad personal de quien recibe la amenaza, su derecho a decidir sin miedo. En conjunto, las penas por amenazas van de los 3 meses a los 5 años de prisión, según la modalidad.

Y esa es la palabra clave: serio. Para que haya delito, la amenaza tiene que ser creíble, con apariencia real de que va a cumplirse, capaz de intimidar de verdad a quien la recibe. Una expresión hecha en el fragor de una discusión, una hipérbole o un desahogo sin voluntad real de dañar no reúnen esa seriedad, y ahí empieza a moverse la defensa.

El Código Penal agrava especialmente las amenazas dirigidas no contra una persona, sino contra un grupo. El artículo 170 castiga con penas superiores en grado las amenazas de un mal constitutivo de delito que buscan atemorizar a los habitantes de una población, a un grupo étnico, cultural o religioso, o a un colectivo social o profesional. Es una modalidad pensada para amenazas de dimensión colectiva, muy alejada de la discusión entre particulares, pero conviene conocerla porque forma parte del mismo capítulo del Código Penal.

La coacción es la hermana de la amenaza, pero con violencia. El artículo 172 castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le obliga a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto. La pena es de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, y se impone en su mitad superior cuando la coacción busca impedir el ejercicio de un derecho fundamental o el disfrute de una vivienda.

La clave de las coacciones es esa violencia, entendida en sentido amplio: fuerza sobre las personas o sobre las cosas que doblega la voluntad ajena. Sin ese elemento, la conducta puede ser molesta, incluso reprochable, pero no constituir el delito. Determinar si hubo verdadera violencia coactiva es, otra vez, terreno de defensa.

La defensa de un delito de amenazas se apoya, casi siempre, en tres ideas. La primera es la seriedad y credibilidad: demostrar que lo dicho fue una expresión airada, una bravata o un desahogo sin verdadera intención ni capacidad de cumplirse, de modo que falte el elemento que convierte unas palabras en delito. Muchos casos se ganan aquí, situando la frase en su contexto real. Y no basta con denunciar: las amenazas deben probarse en el juicio para que haya condena, y esa carga recae íntegramente en la acusación.

La segunda es el dolo y el contexto: si hubo o no ánimo de intimidar, si se dijo en el calor de una pelea, si medió provocación previa. La tercera es la prueba, hoy casi siempre digital: los mensajes de WhatsApp, los audios, las capturas y los testigos. Analizo su autenticidad, su contexto completo y la cadena de custodia, porque una conversación mostrada a medias puede cambiar de sentido por completo. Por eso conviene conservar los mensajes y las capturas tal como están, sin recortarlos, ya que el contexto íntegro es muchas veces lo que exculpa. Sobre todo ello se levanta la presunción de inocencia.

Conviene saber, además, que la ley deja margen al juez o tribunal, que puede imponer la pena inferior en grado atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del autor. Ese margen se invoca siempre que el caso lo permite, para acercar la respuesta penal a lo realmente ocurrido.

Empiezo por escucharte y por leer con calma lo que consta: la denuncia, los mensajes, el atestado. A partir de ahí te digo con franqueza cómo veo el caso, sin adornos, y construimos juntos la estrategia. No prometo un resultado, pero sí un análisis riguroso de cada palabra que la acusación pone sobre la mesa.

Después discuto la calificación para llevarla a donde corresponde, planteo la atipicidad cuando la frase no llega a delito, propongo la prueba que te favorece y valoro, si conviene a tus intereses, una conformidad. Actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos contra la libertad y en estrecha relación con el delito de acoso o stalking, con el que a menudo se confunde. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen empezar con una denuncia, que puede presentarse ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Juzgado de Guardia. Si hay riesgo para la persona denunciante, esta puede solicitar medidas cautelares o una orden de protección, y cuenta con las oficinas de asistencia a las víctimas, que ofrecen apoyo y asesoramiento jurídico gratuito. El Estatuto de la víctima le reconoce, además, el derecho a recibir información clara sobre sus derechos y sobre el estado del procedimiento, y conviene actuar con rapidez cuando el riesgo es real. Conviene conocer todo esto también desde la defensa, porque marca el ritmo del procedimiento. Si se trata de un delito, se instruye en el Juzgado de Instrucción y se enjuicia en el Juzgado de lo Penal; si es un delito leve, se resuelve en un juicio por delitos leves ante el propio Juzgado de Instrucción, en una sola vista. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.

Te acompaño en todas las fases, desde la primera declaración hasta el juicio y los recursos. Y repito siempre lo mismo: no declares sin abogado. En los delitos de amenazas, donde tanto depende de las palabras exactas y de su contexto, lo que se diga sin asistencia al principio puede pesar durante todo el procedimiento.