Abogada de injurias y calumnias en Madrid

En caliente, y sobre todo en internet, es fácil cruzar una línea que puede terminar en una querella por injurias o calumnias. Pero no toda frase ofensiva es delito: entre la crítica dura y el insulto punible hay un terreno enorme donde entra en juego la libertad de expresión. Saber dónde está esa frontera es lo que decide el caso. Si te han querellado por injurias o calumnias, conviene alguien que se dedique solo a esto y sepa moverse en ese margen. Defiendo estos asuntos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

La calumnia es la más grave de las dos figuras. El artículo 205 la define como la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. Es decir, acusar a alguien de haber cometido un delito concreto sabiendo que no es cierto, o sin el menor cuidado por comprobar si lo es.

De esa definición nace la primera línea de defensa: para que haya calumnia no basta con imputar un delito, hace falta ese conocimiento de la falsedad o ese desprecio temerario a la verdad. Si quien lo dijo tenía motivos razonables para creerlo, o actuó con una base seria, la calumnia decae. Las penas del artículo 206 son de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses cuando se hace con publicidad, y de multa de seis a doce meses en los demás casos.

La pena sube cuando el ataque al honor se hace con publicidad. El artículo 211 considera que hay publicidad cuando la calumnia o la injuria se propaga por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante. Hoy, ese «medio de eficacia semejante» incluye de lleno las redes sociales, los foros y los grupos de mensajería con muchos destinatarios.

Por eso las publicaciones en internet han multiplicado estos procedimientos. Aun así, la publicidad no se presume: hay que acreditar la difusión real y su alcance. Y la persona o entidad titular del medio a través del cual se difunde puede responder civilmente de forma solidaria, conforme al artículo 212, un dato relevante en los casos que afectan a webs o publicaciones. Además, si la calumnia o la injuria se cometen mediando precio, recompensa o promesa, el artículo 213 impone la pena en su mitad superior, junto con la inhabilitación.

Aquí está la defensa más importante. El derecho al honor no es un derecho absoluto: convive con la libertad de expresión y con la libertad de información, también protegidas por la Constitución, sobre todo cuando intervienen los medios de comunicación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha fijado que la crítica, incluso dura, molesta o hiriente, sobre asuntos de interés público o sobre personas con proyección pública, queda amparada por esas libertades y no es delito.

Lo que la ley castiga es el insulto gratuito, la expresión ultrajante desconectada de cualquier crítica legítima, o la imputación de hechos falsos. Por eso la defensa trabaja el contexto: si hubo un debate previo, si se opinaba sobre un asunto de interés general, si faltaba el ánimo de injuriar. Situar la frase en su marco real reconduce muchas querellas a lo que de verdad son, el ejercicio de un derecho.

La defensa de un delito contra el honor se apoya en varios frentes. El primero es el ánimo: demostrar que faltaba la intención de menospreciar, el llamado animus iniuriandi, porque se buscaba informar, criticar o incluso bromear, y no deshonrar con manifestaciones ofensivas. El segundo es la gravedad: acreditar que la expresión, en su contexto, no alcanza la gravedad que el delito exige, sino que es una injuria leve o una simple grosería atípica.

El tercero es la veracidad y la libertad de expresión, con la exceptio veritatis cuando procede y el amparo de la crítica legítima. Y el cuarto es el contexto completo: quién dijo qué, a quién, en qué marco y con qué difusión real. Sobre todo ello se levanta la presunción de inocencia, que obliga a quien se querella a probar cada elemento del delito.

Empiezo por leer con calma lo que se te imputa y su contexto, porque en el honor el contexto lo es casi todo. Te digo con franqueza si lo dicho es o no delito y por dónde puede ir la defensa. No prometo resultados, pero sí un análisis riguroso de cada palabra que la acusación pone sobre la mesa.

A partir de ahí planteo la atipicidad cuando la expresión no llega a delito, invoco la libertad de expresión o la exceptio veritatis si proceden y valoro las salidas del proceso, incluida la retractación. Actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos contra la libertad y el honor y en relación con figuras como el delito de amenazas. La decisión, en cada paso, es tuya.

Las injurias y las calumnias entre particulares son delitos privados: no basta con una denuncia ante la policía, hace falta una querella de la persona ofendida, que actúa como querellante y no como simple denunciante. No se persiguen de oficio, salvo cuando se dirigen contra funcionarios por hechos de su cargo. Antes de la querella suele exigirse un acto de conciliación, y con la querella se aporta la certificación de haber celebrado o intentado ese acto. El perdón de la persona ofendida, la víctima del ataque a su honor, extingue la acción penal.

Existen además vías específicas de cierre. La retractación, cuando quien injurió o calumnió se desdice de lo dicho, la valora el juez o tribunal a favor del acusado; y la reparación del daño puede pesar como atenuante, hasta el punto de que, en ciertos casos, cabe imponer la pena inmediatamente inferior en grado. Conviene además actuar con rapidez, porque el delito de injurias prescribe en un año, conforme al artículo 131.1 del Código Penal, y para interponer la querella la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige acudir con abogado y procurador. Te acompaño en todas las fases, desde el acto de conciliación hasta el juicio, y valoro contigo, con criterio, si conviene una salida negociada o defender el caso hasta el final.