Abogada de acoso o stalking en Madrid

Situaciones así, a veces más torpes que delictivas, acaban a menudo en una denuncia por acoso. Y el acoso, o stalking, tiene un perfil legal muy concreto: no es cualquier insistencia, sino una conducta reiterada que altera de verdad la vida de otra persona. Saber dónde está esa línea es lo que decide el caso. Si te han denunciado por acoso, conviene alguien que se dedique solo a esto y sepa separarlo de lo que no lo es. Defiendo estos asuntos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El artículo 172 ter castiga a quien acosa a una persona llevando a cabo, de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado, ciertas conductas que alteran gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Es lo que en inglés se llama stalking y en español acecho: un hostigamiento sostenido en el tiempo, no un episodio aislado.

La pena básica es de prisión de tres meses a dos años (de 3 meses a 2 años) o multa de seis a veinticuatro meses. Se trata de un delito relativamente nuevo, incorporado al Código Penal en 2015 para dar respuesta a esos acosos persistentes que antes quedaban a medio camino entre las coacciones y las amenazas sin encajar del todo en ninguna.

El bien jurídico protegido es la libertad de obrar y la tranquilidad de la persona, su derecho a vivir sin sentirse vigilada. El Tribunal Supremo ha subrayado que el sujeto pasivo o víctima del delito debe sufrir una limitación real de su libertad, y no una simple molestia, para que el acoso exista como delito.

Aquí está el núcleo del delito, y también de su defensa. No basta con una conducta de las anteriores: la ley exige que sea insistente y reiterada, es decir, un patrón, y que altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. Son dos requisitos acumulativos, y si falta cualquiera de ellos, no hay delito de acoso.

Ese es el frente donde más se trabaja. Un par de llamadas, un mensaje aislado o un encuentro puntual no son acoso, por molestos que resulten. Y aunque haya repetición, si no se acredita esa alteración grave y real de la vida diaria, cambiando hábitos, rutas o rutinas por miedo, el hecho no alcanza la categoría de delito. Documentar el contexto es decisivo.

El acoso es, en este sentido, un delito de resultado: la ley exige que esa alteración se materialice. En la práctica suele manifestarse en efectos como ansiedad, insomnio o estrés, e incluso en la necesidad de cambiar de domicilio o de trabajo o en un aislamiento social progresivo. Cuando esos efectos no existen o no se acreditan, la defensa tiene un argumento sólido para negar que el delito llegara a consumarse.

La pena sube en dos casos. Cuando la víctima es o ha sido pareja del autor, el artículo 172 ter.2 prevé prisión de uno a dos años o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días, y el asunto entra en el ámbito de la defensa en violencia de género, con sus garantías propias. Y cuando la víctima es especialmente vulnerable por su edad, una enfermedad o una discapacidad, la pena también se agrava.

En estos supuestos el rigor de la defensa debe ser máximo, porque las consecuencias para la persona señalada como agresor, incluida la posible orden de alejamiento, son serias. Aun así, los requisitos del delito siguen siendo los mismos: sin reiteración y sin alteración grave de la vida cotidiana, no hay acoso, tampoco en el ámbito familiar.

La defensa de un delito de acoso se apoya en varios frentes. El primero es negar el patrón: demostrar que no hubo esa conducta insistente y reiterada que el tipo exige, sino hechos aislados o espaciados, sin la reiteración que convierte a alguien en acosador. El segundo es la alteración de la vida cotidiana: acreditar que la vida del ofendido no sufrió una alteración grave y real, un elemento objetivo que debe probarse y no presumirse a partir de la mayor o menor sensibilidad de la persona.

El tercero es la autorización legítima y el contexto: hay contactos amparados por un motivo legítimo, como una reclamación de deuda, un régimen de visitas o una gestión profesional, que no son acoso. Y el cuarto es la prueba, casi siempre de mensajes y registros digitales, cuya autenticidad y contexto completo analizo con cuidado. En muchos supuestos, los actos denunciados responden a esa razón legítima y no a un ánimo de hostigar; sin embargo, conviene acreditarlo con documentación, porque la carga de probar que hubo acoso corresponde siempre a quien acusa. Sobre todo ello se levanta la presunción de inocencia, que obliga a la acusación a probar cada requisito.

Lo primero es escucharte y ordenar los hechos con fechas en la mano: qué pasó, cuándo y cuántas veces. Con ese mapa te digo con franqueza si lo denunciado es o no delito de acoso y por dónde puede ir la defensa. No prometo resultados, pero sí un análisis honesto y sin humo. Un abogado especializado es clave tanto para preparar una denuncia como para defender frente a ella, y en ambos casos el trabajo empieza por recopilar y ordenar las pruebas.

A partir de ahí discuto la calificación, planteo la atipicidad cuando falta la reiteración o la alteración exigidas, propongo la prueba digital que te favorece y valoro, si conviene a tus intereses, una salida negociada. Actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos contra la libertad y en estrecha relación con el delito de amenazas y coacciones, con el que el acoso comparte frontera. La decisión última, en cada paso, es tuya.

El delito de acoso del artículo 172 ter solo es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo cuando la víctima es pareja o especialmente vulnerable. La denuncia puede presentarse ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Juzgado de Guardia, y la persona denunciante puede solicitar medidas cautelares, como una orden de alejamiento, y acudir a las oficinas de asistencia a las víctimas. En Madrid, la víctima tiene derecho a asistencia jurídica y psicológica gratuita, y los informes médicos y psicológicos suelen emplearse para certificar los perjuicios, todo ello amparado en el derecho a la integridad física y moral que garantiza la Constitución.

El asunto se instruye en el Juzgado de Instrucción y se enjuicia en el Juzgado de lo Penal, con recurso de apelación contra la sentencia. Te acompaño en todas las fases, desde la primera declaración. Y lo repito siempre: no declares sin abogado, porque en el acoso la clave está en los matices de cada contacto y conviene fijarlos bien desde el inicio.