Abogada de Blanqueo de Capitales en Madrid

El blanqueo de capitales es de esos delitos que pueden salpicar a quien nunca se vio como delincuente: basta con haber movido un dinero cuyo origen, dicen, debías conocer. Y ahí está la batalla, en ese debías conocer. Si te investigan por blanqueo de capitales, conviene alguien que sepa desmontar la prueba de indicios en la que casi siempre se apoya la acusación. Trabajo estos casos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El artículo 301.1 castiga al que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.

La pena es de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, y puede añadirse la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de uno a tres años y el cierre del establecimiento. La pena se impone en su mitad superior cuando los bienes proceden del tráfico de drogas o de delitos de corrupción, contra la ordenación del territorio o contra la Administración pública.

El bien jurídico protegido es el orden socioeconómico. Esta figura, situada en el Libro II del Código Penal, se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico en 1988 y ha crecido con sucesivas reformas por razones político criminales, hasta su tipificación actual. Por eso la definición legal del blanqueo no se limita a esconder dinero: incluye cualquier acto que introduzca los activos en el circuito legal, desde comprar inmuebles hasta invertir en un negocio o realizar movimientos de fondos entre cuentas.

La palabra sabiendo es el corazón del delito y el terreno principal de la defensa. Para que haya blanqueo doloso, el sujeto debe conocer que los bienes proceden de una actividad delictiva. No basta con que el dinero fuera sucio; hay que probar, con certeza suficiente, que el acusado conocía esa procedencia.

Los tribunales admiten aquí la doctrina de la ignorancia deliberada, es decir, cerrar los ojos ante lo evidente, pero esa doctrina tiene límites y no puede sustituir a la prueba del conocimiento. La jurisprudencia del Tribunal Supremo insiste en que el conocimiento del origen ilícito debe acreditarse y no presumirse. Defender que mi cliente ignoraba realmente la procedencia de los fondos, o que actuó con la confianza propia de una operación aparentemente normal, es muchas veces lo que separa la absolución de la condena.

Desde la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, el Código Penal castiga también el autoblanqueo: blanquear los bienes procedentes de un delito cometido por uno mismo. El propio artículo 301 lo recoge al referirse a la actividad delictiva cometida por él o por cualquier tercera persona, y el autoblanqueo comparte la misma pena de seis meses a seis años de prisión.

El autoblanqueo ha generado mucha discusión. El Tribunal Supremo cambió su criterio a partir de 2006 y hoy la doctrina admite que quien cometió el delito previo pueda responder además por blanquear su producto. Pero ese autoblanqueo tiene límites claros: el simple disfrute o posesión del dinero del delito no es un blanqueo autónomo. Hace falta un acto real de ocultación o de reintroducción en el circuito económico. Distinguir el mero agotamiento del delito previo de un verdadero autoblanqueo es una discusión técnica decisiva, en la que cada sentencia matiza la anterior.

Buena parte de los asuntos de blanqueo nace de la delincuencia organizada y del tráfico de drogas. Cuando los bienes proceden de delitos contra la salud pública relacionados con estupefacientes, el artículo 301 impone la pena en su mitad superior, por la especial gravedad de esa procedencia.

En estos casos la acusación suele apoyarse en la vinculación del investigado con tramas de tráfico de drogas. La defensa examina si esa conexión está probada o si se atribuye por simple cercanía, porque una cosa es relacionarse con alguien y otra muy distinta conocer y blanquear el dinero de sus delitos.

El artículo 302 agrava la pena cuando el blanqueo se comete en el seno de una organización dedicada a estos fines: a sus miembros se les impone la pena en su mitad superior, y a los jefes o encargados, la pena superior en grado. Cuando responde una persona jurídica, se le aplican las consecuencias del artículo 31 bis, de modo que las empresas también pueden ser penalmente responsables si carecen de mecanismos de control adecuados.

El artículo 303 añade la inhabilitación cuando el delito lo comete un empresario, intermediario financiero, facultativo, funcionario, trabajador social, docente o educador en el ejercicio de su cargo. La defensa examina si concurren de verdad estas circunstancias o si la acusación las aplica sin base suficiente.

Junto al Código Penal existe una regulación administrativa de prevención, la Ley 10/2010, que impone obligaciones a los llamados sujetos obligados: bancos, notarios, inmobiliarias, abogados en ciertos supuestos y otras empresas. Su labor de identificar clientes, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo, el SEPBLAC, forma parte de la lucha internacional contra el lavado de dinero impulsada por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera creado en 1989.

Esa normativa explica por qué muchas empresas cuentan hoy con modelos de compliance y medidas internas de control. Incumplir esas obligaciones tiene consecuencias administrativas propias, distintas del delito, pero conviene conocerlas, porque a menudo una comunicación del sujeto obligado es el origen de la investigación penal.

El blanqueo rara vez se prueba con un documento que lo confiese. Casi siempre se construye sobre indicios: incrementos de patrimonio sin justificación, ausencia de negocios lícitos que expliquen el dinero, uso de sociedades pantalla, operaciones en efectivo o vinculación con personas relacionadas con la actividad delictiva.

Ese es precisamente el flanco de la defensa. La prueba de indicios exige que estos sean plurales, estén acreditados y conduzcan de forma lógica y unívoca a la conclusión de que hubo blanqueo, sin saltos ni alternativas razonables. Acreditar el origen lícito de los fondos, o mostrar que existe una explicación alternativa sobre su procedencia, desactiva esa cadena indiciaria y refuerza la presunción de inocencia. La carga de probar el delito es siempre de la acusación, nunca del investigado.

La defensa de un blanqueo de capitales se apoya en varios frentes. El primero es el conocimiento: probar que mi cliente no sabía el origen ilícito de los bienes, o que no puede afirmarse más allá de toda duda razonable. El segundo es el delito antecedente: exigir que la acusación acredite de qué actividad delictiva procede el dinero.

El tercero es la prueba indiciaria, cuya solidez se examina indicio a indicio, y el cuarto es la calificación: distinguir el dolo de la imprudencia, o el autoblanqueo del mero agotamiento del delito previo. Sobre todo ello se levanta la presunción de inocencia, que obliga a la acusación a probar cada elemento del tipo.

Empiezo por reconstruir el recorrido del dinero y la operación que se cuestiona: de dónde salieron los fondos, cómo se movieron y qué papel se te atribuye. Reviso la documentación económica y bancaria con apoyo de peritos economistas y auditores, expertos en trazabilidad de fondos y estructuras societarias, y con ese análisis te explico con franqueza cómo veo el caso y respondo a todas tus dudas, porque una respuesta clara desde el principio te ayuda a decidir. No prometo resultados, pero sí un trabajo riguroso sobre cada indicio que la acusación tiene que sostener.

A partir de ahí discuto el conocimiento y el delito antecedente, cuestiono la prueba indiciaria y valoro, si conviene a tus intereses, una salida negociada. Coordino la defensa con los especialistas en penal económico de Ramírez y Crespo Abogados y actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos económicos. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen nacer de una comunicación del SEPBLAC, de una investigación policial o de una pieza separada de otra causa, como un delito de tráfico de drogas o un delito fiscal. En los casos de mayor entidad puede intervenir la Fiscalía especializada y, según el asunto, la Audiencia Nacional. Es frecuente que se adopten medidas cautelares como el bloqueo de cuentas o embargos preventivos, que también conviene discutir.

La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción y se enjuicia, según la pena, en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial, con recurso contra la sentencia. Son procedimientos largos y complejos, con impacto en la reputación de personas y empresas, por eso te acompaño desde la primera declaración como investigado. Y lo repito siempre: no declares sin abogado, porque en el blanqueo cada explicación sobre el origen del dinero cuenta desde el primer minuto.