Abogada de delitos contra la propiedad intelectual e industrial en Madrid

Así suele empezar. De golpe, lo que parecía un asunto de propiedad privada de otros se traduce en una acusación contra ti por un delito contra la propiedad intelectual o industrial. Conviene ordenar las ideas antes de asustarse. Estos delitos exigen ánimo de lucro y perjuicio de tercero, no toda copia es delictiva y la escala de la conducta cambia por completo la pena. He defendido a comerciantes, distribuidores, creadores digitales y pequeños vendedores en este terreno, donde la frontera entre la infracción civil y el delito es más fina de lo que parece. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El Código Penal protege dos bienes distintos aunque emparentados. La propiedad intelectual ampara las obras literarias, artísticas y científicas y los derechos de sus autores. La propiedad industrial protege las creaciones con aplicación en la industria y el comercio: patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales y diseños. En ambos casos, el reproche penal no cae sobre cualquier uso ajeno, sino sobre la explotación no autorizada realizada con ánimo de lucro y en perjuicio de un tercero. Por eso el uso personal o doméstico, sin finalidad económica, queda fuera del tipo penal y, en su caso, se ventila en el terreno civil.

El artículo 270 castiga a quien, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares o cesionarios de los correspondientes derechos de propiedad intelectual. La pena es de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. El mismo artículo prevé penas específicas para quien facilite el acceso o la localización de obras protegidas en internet y para la venta ambulante u ocasional, castigada con prisión de seis meses a dos años, que puede rebajarse a multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio.

El artículo 271 recoge el tipo agravado, con prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito de dos a cinco años. Se aplica cuando el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica, cuando los hechos revistan especial gravedad por el valor de los objetos o el número de obras reproducidas, cuando el culpable pertenezca a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, dedicada a estas actividades, o cuando se utilice a menores de dieciocho años para cometer el delito. El artículo 272 remite la responsabilidad civil a la Ley de Propiedad Intelectual, con el cese de la actividad ilícita y la indemnización de daños y perjuicios, y permite acordar la publicación de la sentencia a costa del infractor.

El artículo 273 castiga a quien, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos, así como las conductas equivalentes respecto de procedimientos patentados, modelos o dibujos industriales o artísticos y topografías de productos semiconductores. La pena es de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses.

El artículo 274 protege los signos distintivos, es decir, las marcas. Castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular y con conocimiento del registro, fabrique, importe u ofrezca al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con uno registrado. La venta al por menor de esos productos se castiga con prisión de seis meses a tres años. La venta ambulante u ocasional, el conocido top manta, se sanciona con prisión de seis meses a dos años, aunque el juez puede imponer multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico. La reproducción o utilización de obtenciones vegetales protegidas se castiga con prisión de uno a tres años.

Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, el artículo 270 castiga también a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, facilite de modo activo y no neutral el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones protegidas ofrecidas sin autorización, con ánimo de obtener un beneficio económico. Es la vía por la que se persiguen los sitios web de enlaces y la piratería digital. En estos supuestos, junto a la pena, pueden acordarse medidas cautelares como la retirada de los contenidos ilícitos, el bloqueo del acceso o el cese de la actividad, con actualización de la medida según evolucione el caso. La norma protege los derechos de autor con independencia del país de la Unión en que se hayan generado y precisa los apartados aplicables a cada modalidad.

En estos delitos el sujeto activo puede ser cualquier persona que realice la conducta, mientras que el sujeto pasivo es el titular del derecho vulnerado, ya sea el autor, sus cesionarios u otros titulares. El bien jurídico protegido combina el patrimonio del creador con el interés de la sociedad en las manifestaciones culturales y en un mercado de signos distintivos leal. El presupuesto del delito es siempre el mismo, tanto en la propiedad intelectual como en la industrial regulada en los artículos 270 y siguientes CP: una explotación no autorizada, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero. Comprender qué elementos integran el tipo, y cuáles faltan en tu caso, es el punto de partida de la defensa.

La clave de estos delitos es doble. Primero, el ánimo de lucro: la explotación debe buscar un beneficio económico. Segundo, la escala de la conducta, que gradúa la pena. No es lo mismo la venta ambulante de unas pocas copias que la distribución mayorista de mercancía falsificada, ni la descarga para uso propio que la puesta a disposición masiva en la red. El uso doméstico y sin finalidad económica es atípico en el plano penal. Y entre el top manta y la organización dedicada a la falsificación a gran escala hay un abismo de pena que la defensa debe situar con precisión.

El artículo 272 del Código Penal español remite la responsabilidad civil derivada de estos delitos a la Ley de Propiedad Intelectual, que prevé el cese de la actividad ilícita y la indemnización de daños y perjuicios al titular, y permite que el juez acuerde la publicación de la sentencia a costa del responsable. Por eso, y por experiencia, anticipar la vertiente civil desde el inicio, valorando una posible reparación, influye tanto en la indemnización como, en su caso, como atenuante en la vertiente penal.

La primera línea es discutir el ánimo de lucro. Sin voluntad de obtener un beneficio económico no hay delito, y en muchos casos la finalidad es dudosa o meramente personal. La segunda es la escala real de la conducta: acreditar que se trata de una venta ambulante ocasional, y no de una distribución organizada, puede reconducir la pena hacia la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad. La tercera es la titularidad y el registro del derecho supuestamente infringido, porque el delito exige conocimiento del registro y un derecho válido y vigente. La cuarta es la prueba: la pericial sobre la autenticidad de los productos, el número real de ejemplares o el perjuicio efectivo suele ser decisiva. Y la quinta es valorar la reparación del daño, que puede operar como atenuante.

Empiezo por entender tu situación concreta: qué se te imputa, en qué escala y con qué prueba. Reviso el atestado, la mercancía intervenida, los informes periciales y la documentación registral del derecho que se dice vulnerado. A partir de ahí definimos juntos la estrategia, que puede pasar por negar el ánimo de lucro, discutir la escala, cuestionar la pericial o buscar la vía de la reparación. En los asuntos de mayor complejidad económica coordino con Ramírez y Crespo Abogados y con peritos especializados, para que el análisis técnico y la defensa penal avancen unidos. Te lo explico todo con claridad, sin promesas de resultado, para que decidas con información.

El procedimiento suele arrancar con una intervención policial o una denuncia del titular del derecho. Se abre una instrucción en la que se recaba la prueba pericial sobre los productos o las obras, se cuantifica el beneficio y el perjuicio y se toma declaración al investigado. Es la fase donde se decide si la conducta encaja en el tipo básico, en el agravado o queda fuera del ámbito penal. Si los indicios se confirman, el asunto llega a juicio ante el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial. Intervenir pronto, antes de la primera declaración, permite orientar la prueba y evitar reconocimientos precipitados.

Si te han intervenido mercancía, has recibido una denuncia por falsificación o te investigan por difundir contenido protegido, conviene actuar cuanto antes. Puedes escribirme o llamar directamente al 679 83 61 05 y lo revisamos juntos. Trabajo desde Princesa 24, en Madrid, con la defensa penal como única especialidad. Si buscas abogado delitos propiedad intelectual Madrid, lo esencial es que quien te defienda haga solo derecho penal y conozca el detalle de los artículos 270 y siguientes. Puedes conocer mi trabajo como abogada penalista en Madrid, ver el resto de delitos económicos que llevo, o revisar figuras cercanas como el blanqueo de capitales y la estafa online. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.