Abogada de Delitos Societarios en Madrid

La vida de una sociedad tiene conflictos, y a veces esos conflictos cruzan la frontera de lo penal. Pero no todo desencuentro entre socios es un delito, ni mucho menos. Si te acusan de un delito societario como administrador, conviene alguien que distinga bien lo que es un pleito mercantil de lo que de verdad tiene recorrido penal. Trabajo estos casos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

Los delitos societarios se regulan en los artículos 290 a 297 del Código Penal, dentro del Título XIII, de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Su regulación se aplica a cualquier sociedad, constituida o en formación, y protege tanto a la entidad como a los socios y a terceros.

Comparten un mismo sujeto activo: los administradores de hecho o de derecho de la sociedad. El administrador de derecho es el nombrado formalmente en el órgano de administración; el de hecho, quien ejerce realmente las funciones de dirección y la toma de decisiones aunque no figure en el cargo. Determinar cuál de los dos es mi cliente, o si es ninguno, ya es parte de la defensa, porque el sujeto activo de estos delitos es muy concreto.

El propio Código Penal ofrece un concepto amplio de sociedad en el artículo 297: incluye toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier entidad que participe de modo permanente en el mercado. Abarca así a las sociedades mercantiles y a otras entidades, estén constituidas o en formación, cuyo funcionamiento gira en torno a la junta de accionistas o de socios y al órgano de administración. Este bloque de delitos protege ese correcto funcionamiento y los derechos de quienes forman parte de la sociedad.

El artículo 291 castiga la imposición de acuerdos abusivos: a quienes, prevaliéndose de su situación mayoritaria, impongan tales acuerdos con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficio a la sociedad, en una sociedad constituida o en formación, con prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. El artículo 292 traslada esa misma pena a la imposición de acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia, lograda con abuso de firma en blanco, atribución indebida del derecho de voto o negación ilícita del ejercicio de ese derecho.

La clave está en la palabra abusivo y en la ausencia de beneficio para la sociedad. Muchas decisiones que a la minoría le disgustan son perfectamente legítimas y responden al interés social. Demostrar que el acuerdo tenía justificación empresarial, o que no hubo abuso de la mayoría, desmonta la acusación.

El artículo 294 castiga a los administradores que, estando la sociedad sometida a supervisión, nieguen o impidan la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. La pena es de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, además de la inhabilitación correspondiente.

Afecta sobre todo a sectores regulados, como el financiero o el asegurador, sometidos a entidades inspectoras o supervisoras. La defensa examina si de verdad hubo una obstrucción a esa labor inspectora o supervisora o si se trató de discrepancias sobre el alcance de la inspección, que no equivalen a impedirla.

Esta es, quizá, la cuestión más importante. La mayoría de los enfrentamientos entre socios y administradores son conflictos mercantiles: impugnación de acuerdos, acciones de responsabilidad, disputas sobre la gestión. Su sitio natural es el juzgado de lo mercantil, no el penal. El derecho penal es la última ratio y no debe usarse para resolver batallas societarias.

Además, estos delitos son en su mayoría semipúblicos: el artículo 296 exige, por regla general, denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo que los hechos afecten a intereses generales o a una pluralidad de personas. Comprobar si concurre ese requisito de perseguibilidad y si el asunto no es en realidad un simple conflicto civil es una de las primeras líneas de defensa.

La defensa de un delito societario se apoya en varios frentes. El primero es la condición de sujeto activo: acreditar si mi cliente era o no administrador de hecho o de derecho, y qué margen real de decisión tenía. El segundo es el dolo: estos delitos son dolosos, y un error de gestión, una decisión empresarial arriesgada o una discrepancia contable no bastan para condenar.

El tercero es la idoneidad para causar el perjuicio y el abuso, según la figura, y el cuarto es el encuadre: distinguir el delito del conflicto mercantil y comprobar el requisito de denuncia. Conviene además vigilar la prescripción, que en estos delitos societarios es de cinco años. Sobre todo ello se levanta la presunción de inocencia, que obliga a la acusación a probar cada elemento.

Empiezo por estudiar a fondo la sociedad y los hechos: los estatutos, las cuentas, las actas de las juntas y el papel concreto que se te atribuye. Reviso la documentación mercantil y contable con apoyo pericial y, con ese análisis, te explico con franqueza cómo veo el caso y respondo a todas tus dudas, porque una respuesta clara desde el principio te ayuda a decidir. No prometo resultados, pero sí un trabajo riguroso sobre cada elemento que la acusación tiene que sostener.

A partir de ahí discuto tu condición de administrador, la existencia del delito frente al simple conflicto societario y la ausencia de dolo, y valoro, si conviene a tus intereses, una salida negociada. Coordino la defensa con los especialistas en penal económico de Ramírez y Crespo Abogados y actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos económicos. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen empezar con la denuncia o querella del socio que se considera perjudicado, que activa la investigación al ser delitos por lo general semipúblicos. A partir de ahí, la causa se instruye en el Juzgado de Instrucción, que reúne la documentación societaria y la prueba pericial contable, casi siempre determinante en este tipo de delitos.

El enjuiciamiento corresponde, según la pena, al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial, con recurso contra la sentencia. Te acompaño desde la primera declaración como investigado. Y lo repito siempre: no declares sin abogado, porque en el ámbito societario la calificación depende de matices contables y mercantiles que conviene fijar bien desde el inicio.