Abogada de Cultivo de Marihuana en Madrid

El cultivo de marihuana está en una zona gris que confunde a mucha gente: cultivar para uno mismo no es lo mismo que cultivar para vender, y sin embargo la frontera entre lo atípico y el delito se dibuja con detalles como el número de plantas, dónde están y a quién podían llegar. No todo cultivo es tráfico de drogas, y esa diferencia es casi siempre el terreno de la defensa. Si te investigan por cultivar cannabis, conviene alguien que sepa exigir prueba del destino a terceros. Trabajo estos casos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El artículo 368 del Código Penal castiga los actos de cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o la posesión con esos fines. El cultivo aparece expresamente en el tipo, pero la propia palabra encierra la clave de la defensa: no todo cultivo es delito, sino solo el que está orientado a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de terceros.

Como la marihuana es una sustancia que no causa grave daño a la salud, la pena, cuando hay delito, va de uno a tres años de prisión y multa. Esa es la horquilla de partida, muy distinta de la de las drogas duras, y sobre ella operan tanto los agravantes como las rebajas. Situar bien el cultivo dentro del artículo 368 es el primer paso de un buen abogado penalista.

Aquí está el corazón de la defensa. El autoconsumo no es delito, y el cultivo destinado exclusivamente al consumo propio tampoco lo es. Del mismo modo que tener droga para uno mismo es una conducta atípica, cultivar unas plantas para el propio consumo, sin ánimo de difundirlas, queda fuera del delito de tráfico de drogas. La acusación tiene que probar que la marihuana cultivada iba a llegar a terceros.

El problema práctico es que el cultivo, a diferencia de la simple tenencia, genera una cantidad que puede superar con mucho las necesidades de un consumidor. Por eso la defensa trabaja para acreditar la condición de consumidor, el destino real de la cosecha y la ausencia de cualquier indicio de venta. Cuando el autocultivo se sostiene, la acusación de tráfico se cae.

Es la pregunta que todo el mundo hace, y no tiene una respuesta numérica fija. En España, la ley no fija un límite legal de plantas a partir del cual haya delito, porque lo decisivo no es la cantidad en sí, sino el destino y los fines del cultivo. Unas pocas plantas para uso y consumo propio son atípicas; una plantación cuyo volumen solo se explica por la venta es delito. Ese límite, más que en un número, está en la finalidad del cultivo.

Dicho esto, el número y el rendimiento de las plantas son indicios de peso. Cuanto mayor es la cosecha esperada, más difícil resulta sostener que todo era para autoconsumo, y más fuerza cobra la tesis de la difusión. La defensa contrapone a esos indicios la condición de consumidor, la pauta de consumo y la falta de pruebas de venta.

En los delitos de cultivo, el pesaje de la sustancia es una pieza clave y muy discutible. No es lo mismo el peso bruto de la planta recién cortada, con humedad, hojas y tallos, que el peso neto de la sustancia útil o el contenido real de principio activo. La acusación tiende a manejar el peso más alto, y la defensa exige el pesaje correcto, sobre el producto realmente psicoactivo.

El análisis del Instituto Nacional de Toxicología determina la sustancia y su riqueza, y de ahí sale también la multa, fijada en el tanto al duplo del valor de la droga en el cannabis, frente al tanto al triplo de las drogas que causan grave daño. Discutir el pesaje y el principio activo puede rebajar la calificación, la multa e incluso descartar la notoria importancia. Es un terreno técnico donde la defensa se juega mucho.

Junto al autoconsumo individual, la jurisprudencia admite el autoconsumo compartido, pero con requisitos estrictos. Para que el cultivo o el consumo conjunto sean atípicos, el Tribunal Supremo exige que se trate de un grupo reducido y cerrado de consumidores ya adictos, que la cantidad sea mínima, que el consumo se produzca en un lugar cerrado y de forma inmediata, y que no haya ánimo de lucro ni contraprestación.

Si falta cualquiera de esos requisitos, o si la cantidad supera las dosis de consumo, el autoconsumo compartido no puede alegarse. Por eso conviene analizar con cuidado si el caso encaja de verdad en esta figura antes de invocarla, porque mal planteada puede volverse en contra. Es un terreno técnico donde la experiencia de la defensa marca la diferencia.

Los clubs sociales de cannabis y las asociaciones cannábicas nacieron al amparo de la doctrina del autoconsumo compartido, pero el Tribunal Supremo ha sido muy restrictivo con ellos. Cuando la asociación funciona como un cauce para facilitar cannabis a un número amplio o indeterminado de personas, deja de ser autoconsumo y entra en el delito de tráfico, por mucho que se revista de forma asociativa.

Eso no significa que toda actividad de una asociación sea delictiva de forma automática. La defensa examina cómo funcionaba en concreto: si era un grupo cerrado de consumidores, si había control de acceso y de cantidades, si existía o no ánimo de lucro. Cada club es distinto, y esos matices deciden la calificación.

Cuando hay delito, la cantidad vuelve a ser determinante para la pena. Por arriba, el artículo 369 prevé la agravante de notoria importancia, que en el cannabis la jurisprudencia fija a partir de 10 kilos: superado ese umbral, la prisión sube a un tramo de tres a cuatro años y seis meses. Ese mismo artículo agrava también la venta en centros educativos o penitenciarios y la difusión a menores. Como indicio orientativo, la jurisprudencia viene entendiendo que superar los 100 gramos de marihuana ya apunta más a un destino de tráfico que de consumo. Por abajo, el artículo 368.2 permite imponer la pena inferior en grado en los hechos de escasa entidad, atendiendo a las circunstancias personales del culpable.

Entre uno y otro extremo se mueve la mayoría de los casos de cultivo. Pelear por la menor entidad cuando procede, y discutir la notoria importancia cuando la acusación la aplica sin base, son dos de las palancas más útiles de la defensa para rebajar la pena.

Muchos casos de cultivo empiezan con una entrada y registro en el domicilio, a veces motivada por el olor o por una denuncia. La policía llega también a muchos cultivos por un consumo eléctrico inusual o por el enganche a la red, que puede constituir además un delito autónomo de defraudación de fluido eléctrico. Si ese registro se practica sin autorización judicial válida, o sin el consentimiento debido, o vulnerando derechos fundamentales, la prueba que obtiene la policía puede ser nula, y con ella todo lo que dependa de ella.

El olor a marihuana, por sí solo, no siempre justifica una entrada en el domicilio, y la forma en que la policía autorizó y practicó el registro es uno de los primeros frentes que revisa la defensa. Junto a ello, la cadena de custodia de las plantas y de la sustancia analizada es terreno de discusión constante. Conviene aclararlo: comprar semillas en un banco de semillas no es en sí delito, y muchos cultivadores domésticos actúan por razones de consumo propio, no de negocio.

La defensa de un cultivo de marihuana se construye sobre varios frentes. El primero es el destino del cultivo: exigir prueba de que la marihuana iba dirigida a terceros y no al autoconsumo. El segundo es el riesgo de difusión, que depende de la ubicación y las circunstancias, no solo del número de plantas. El tercero es la validez de la prueba: la entrada y registro y la cadena de custodia.

A ello se suman la discusión de la notoria importancia, la posible menor entidad del hecho y las circunstancias personales, como la condición de consumidor. Sobre todo ello se levanta la presunción de inocencia, que obliga a la acusación a probar cada elemento más allá de toda duda razonable. Mi trabajo como especialista es apretar cada una de esas piezas. En el fondo, el problema de todo cultivo en casa es el mismo que en cualquier delito de tráfico de drogas: distinguir la tenencia para uno mismo del destino a terceros, sin renunciar de ningún modo a tus derechos. Muchos cultivadores llegan a mi despacho asustados con un cultivo que, bien defendido, no es delito.

Empiezo por estudiar a fondo el atestado y las diligencias: cómo se descubrió el cultivo, cuántas plantas había, dónde estaban, cómo se practicó el registro y qué análisis se hizo de la sustancia. Con ese análisis te explico con franqueza cómo veo el caso y respondo a todas tus dudas, porque una respuesta clara desde el principio te ayuda a decidir. No prometo resultados, pero sí un trabajo riguroso sobre cada prueba que la acusación tiene que sostener.

A partir de ahí discuto el destino del cultivo, el riesgo de difusión, la validez del registro, la eventual menor entidad del hecho y las atenuantes que te correspondan, y valoro, si conviene a tus intereses, una conformidad ventajosa. Actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos contra la salud pública, y también en casos de tráfico de drogas. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen empezar con una denuncia por el olor, una inspección o el resultado de una investigación más amplia, y con una entrada y registro en la que se intervienen las plantas. Desde la primera declaración, te acompaño y velo por tus derechos, porque lo que se diga y se haga en esas primeras horas condiciona toda la causa. No declares sin abogado.

La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción y se enjuicia, según la pena, en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial, con recurso contra la sentencia. En este tipo de asuntos por cultivo en casa, el objetivo cambia según el caso: en los pequeños, destinados al uso y autoconsumo, se busca el archivo o la absolución; en los grandes, discutir la calificación, la prisión y la multa. En España hay ya muchas sentencias que absuelven a cultivadores cuando los fines de tráfico no se prueban, y la multa del duplo del valor decae con ellos. Te acompaño en cada fase, con cercanía y sin rodeos.