Abogada de estafa con criptomonedas en Madrid

El fraude con criptomonedas se ha disparado, y con él llegan investigaciones complejas en las que no siempre está claro quién engañó, quién invirtió mal y quién solo prestó una cuenta o una cartera. Distinguir una estafa real de una inversión de riesgo que salió mal es, muchas veces, la clave del caso. Si te investigan por una estafa con criptomonedas, conviene alguien que se dedique solo a esto y entienda cómo funciona el mundo cripto. Trabajo estos asuntos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

No existe un delito específico de «estafa con criptomonedas». Estos fraudes se castigan a través del delito de estafa clásico, el del artículo 248: cometen estafa quienes, con ánimo de lucro, utilizan un engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a un acto de disposición en su perjuicio. Da igual que el objeto sea dinero, una vivienda o un criptoactivo; lo que importa es el engaño y el perjuicio patrimonial.

Con la creciente popularidad de las criptomonedas, estos fraudes se han multiplicado. Conviene aclarar un punto: las criptomonedas no son moneda de curso legal en España, pero eso no deja los fraudes sin castigo. El dinero entregado o el criptoactivo defraudado son un activo patrimonial a efectos penales. La pena básica de la estafa es de prisión de seis meses a tres años, conforme al artículo 249, y sube en los supuestos agravados.

Hay indicios que se repiten en casi todos estos fraudes. Se prometen rendimientos garantizados y rápidos, con ofertas de inversión que parecen demasiado buenas para ser verdad. Se presiona a la víctima para que actúe deprisa, se muestran testimonios falsos y gráficos de beneficios ficticios, y se clonan sitios web y páginas web de entidades legítimas. La señal más clara llega al final: cuando el usuario quiere retirar su dinero, no puede, y empiezan las excusas y las peticiones de nuevos pagos. Todo el esquema se apoya en la manipulación psicológica de la confianza, y entender esas señales ayuda a reconstruir después lo que de verdad ocurrió.

Estos fraudes se difunden a gran escala: anuncios en internet y en redes sociales, mensajes y correos masivos, y falsas empresas que aparentan solidez. A veces se infecta el equipo o el ordenador de la víctima para robar sus claves, y casi siempre se prometen ingresos imposibles amparándose en la tecnología blockchain o en un supuesto agente o intermediario de confianza. Ningún medio de comunicación serio ni ninguna entidad autorizada garantiza esos beneficios, y desconfiar de esas afirmaciones es la mejor protección. Ese mismo análisis del sistema empleado es el que, desde la defensa, permite separar al autor real de quien solo aparece de forma tangencial en la operación.

Muchos fraudes cripto se presentan como oportunidades de inversión ofrecidas por entidades sin autorización, los llamados chiringuitos financieros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, publica advertencias sobre estas entidades, y ofrecer inversiones sin la debida autorización o con publicidad engañosa puede constituir delito, además de la estafa. El artículo 282 castiga la publicidad falsa sobre productos o servicios.

Comprobar si existía o no autorización, y si la información que se dio era veraz, es relevante tanto para la acusación como para la defensa. No toda oferta de inversión que sale mal es un chiringuito ni una estafa, y esa distinción hay que trabajarla con rigor.

La defensa de una estafa con criptomonedas se apoya en varios frentes. El primero es el dolo: demostrar que faltaba el engaño y la intención de defraudar, y que lo ocurrido fue una inversión de riesgo o un proyecto que fracasó. El segundo es la autoría: la cadena de bloques es pseudónima, y una cartera o una dirección no identifican sin más a una persona; la trazabilidad tiene límites que conviene explotar.

El tercero es el papel real de mi cliente, sobre todo cuando solo prestó una cuenta o una cartera sin conocer el origen del dinero, donde la falta de conocimiento excluye la responsabilidad. Y el cuarto es la prueba pericial, casi siempre un análisis de blockchain, cuya solidez, método y cadena de custodia analizo con rigor. Sobre todo ello se levanta la presunción de inocencia.

Empiezo por un estudio técnico del caso: qué plataforma, qué operaciones, qué carteras y qué papel se te atribuye. Con ese mapa te explico con franqueza cómo veo el asunto y por dónde puede ir la defensa. No prometo resultados, pero sí un asesoramiento honesto de cada prueba que la acusación tiene que sostener. Para estos asuntos conviene un abogado con experiencia real en delitos económicos y ciberdelincuencia, que entienda cómo funcionan las wallets y los exchanges y que domine la querella y los trámites ante los Juzgados de Instrucción. Puedes verificar mi colegiación en el ICAM, y te explico los honorarios por fases, con transparencia.

A partir de ahí planteo la falta de dolo o de autoría cuando procede, discuto la pericial de blockchain, valoro la reparación del daño como atenuante y, si conviene a tus intereses, una conformidad. Coordino la defensa con Ramírez y Crespo Abogados cuando el asunto lo requiere y actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos informáticos y en estrecha relación con la estafa online. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen empezar con una denuncia de la persona perjudicada ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, que cuentan con unidades especializadas en ciberdelincuencia. La recuperación del dinero depende de una investigación de blockchain y de la colaboración con peritos informáticos especialistas que rastreen las transacciones: la cadena de bloques deja un rastro digital casi inmutable, de modo que las transacciones pueden rastrearse incluso cuando se intenta ocultarlas, aunque su recuperación exige una estrategia multidisciplinar y, muchas veces, comisiones rogatorias internacionales cuando la trama opera desde el extranjero. Por eso conviene actuar pronto y conservar toda la evidencia digital. La víctima puede acudir además a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del INCIBE, el 017, y consultar las advertencias de reguladores como la CNMV en España o la SEC en otros países sobre entidades no autorizadas. Y una advertencia útil: si tras la estafa alguien ofrece recuperar el dinero a cambio de un pago por adelantado, casi siempre es una segunda estafa.

La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción y se enjuicia en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial según la pena, con recurso de apelación. Junto a la condena, se fija la responsabilidad civil, aunque recuperar el dinero en cripto es complejo. Te acompaño en todas las fases, y lo repito siempre: no declares sin abogado, porque en un fraude tan técnico lo que se diga al principio pesa durante todo el procedimiento.