Abogada de Suplantación de Identidad en Madrid

La suplantación de identidad se ha vuelto cotidiana, y su encaje penal es más delicado de lo que parece: no todo uso del nombre o la imagen de otro es el mismo delito, ni siquiera es siempre delito. Saber dónde está esa línea es lo que decide el caso, tanto para quien la sufre como para quien resulta acusado. Si te investigan por una suplantación de identidad, conviene alguien que se dedique solo a esto y sepa distinguir cada figura. Trabajo estos asuntos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El delito propiamente dicho es la usurpación del estado civil, regulado en el artículo 401 del Código Penal español: quien usurpa el estado civil de otro se castiga con prisión de seis meses a tres años. Está en el título de las falsedades, junto a la falsificación de documentos, porque en el fondo se falsea lo más básico, la identidad de una persona.

Ahora bien, el estado civil es mucho más que un nombre. Es el conjunto de circunstancias que identifican a alguien en el tráfico jurídico y le atribuyen derechos y obligaciones. Por eso, como veremos, la clave de estos casos está en si de verdad se usurpó esa identidad completa o solo se usó puntualmente un nombre o una foto, algo que el Código Penal trata de forma muy distinta.

El estado civil se inscribe en el Registro Civil y define a la persona en todos los ámbitos: contratos, servicios públicos, banca o trámites administrativos. Por eso usurparlo puede tener consecuencias graves, desde deudas hasta antecedentes a nombre de la víctima, y afecta a su reputación y a su privacidad. Cuando alguien firma contratos, rellena formularios o realiza actividades en nombre de otro haciéndose pasar por él de forma estable, es cuando de verdad se plantea la usurpación del estado civil.

El caso más frecuente hoy es el perfil falso en redes sociales: abrir una cuenta con el nombre y la foto de otra persona. En el mundo digital esto ocurre a diario, pero conviene saber que, por sí solo, ese hecho no suele constituir usurpación del estado civil, precisamente por la interpretación restrictiva del artículo 401: crear un perfil no equivale, por regla general, a arrogarse la identidad completa y actuar como esa persona en el tráfico jurídico.

La suplantación de identidad se ha convertido en un problema creciente en internet. Según datos difundidos en 2024, casi 8.000 personas denunciaron en España una suplantación de identidad; los delitos informáticos aumentaron alrededor de un 23% en 2023 y más del 90% de esos delitos se clasifican como fraudes. Buena parte se comete a través de perfiles falsos: por ejemplo, una cuenta abierta con la foto de otra persona para engañar a sus contactos.

Eso no significa que sea impune. Según lo que se haga con ese perfil, la conducta puede encajar en un delito contra la intimidad, contra el honor o en una estafa. La defensa analiza con detalle qué se hizo exactamente y con qué finalidad, porque de ahí depende que haya delito, cuál, y con qué pena.

Para suplantar a alguien hay que hacerse antes con sus datos, y ahí aparecen las técnicas más habituales. El phishing, una forma de ingeniería social, engaña a la víctima con correos electrónicos o mensajes falsos para que entregue sus contraseñas y credenciales o para colarse en sus sistemas; el robo de bases de datos y las filtraciones exponen información personal; y el SIM swapping duplica la tarjeta del móvil para recibir los códigos de verificación y tomar el control de las cuentas.

Cada una deja un rastro técnico distinto, y ahí trabaja la defensa. Quién obtuvo los datos, quién creó el perfil o la cuenta y quién realizó cada operación son cuestiones que una dirección IP o un dispositivo no siempre resuelven. Analizar esa prueba con rigor es esencial para no atribuir a alguien lo que hizo otro.

Empiezo por entender el caso a fondo: qué se hizo, con qué datos, en qué plataforma y qué papel se te atribuye. Reúno la documentación del procedimiento y contrasto la versión de la acusación con la realidad de lo ocurrido. Con ese mapa te explico con franqueza cómo veo el asunto y respondo a todas tus dudas, porque una respuesta clara desde el principio te ayuda a decidir. No prometo resultados, pero sí un análisis honesto de cada prueba que la acusación tiene que sostener, buscando en cada paso el mayor beneficio para tu defensa.

A partir de ahí planteo la atipicidad o la reconducción a una figura menos grave cuando procede, discuto la autoría y la prueba pericial informática, un campo técnico donde suelen apoyarse los estudios forenses de la acusación, y valoro, si conviene a tus intereses, una salida negociada. Coordino la defensa con Ramírez y Crespo Abogados cuando el asunto lo requiere y actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos informáticos. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen empezar con una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, que cuentan con unidades especializadas en ciberdelincuencia. A quien sufre la suplantación se le recomienda conservar y certificar todas las pruebas, capturas de pantalla, correos y comunicaciones, para asegurar su validez, y comunicarlo a la plataforma para que retire el perfil falso. La víctima puede solicitar medidas cautelares urgentes para frenar el daño, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, reclamar la responsabilidad civil por los perjuicios sufridos. La Línea de Ayuda en Ciberseguridad del INCIBE, el 017, ofrece orientación gratuita. Conocer ese contexto también ayuda a preparar la defensa.

La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción y se enjuicia en el Juzgado de lo Penal, con recurso de apelación contra la sentencia. Te acompaño en todas las fases, desde la primera declaración como investigado. Y lo repito siempre: no declares sin abogado, porque en la suplantación la calificación se juega en los matices y conviene fijarlos bien desde el inicio.