Abogada de pornografia infantil en Madrid

Una IP compartida, un ordenador con varios usuarios, un archivo llegado por una descarga automática: un rastro digital no es una condena, y demostrarlo es un trabajo técnico y minucioso. Afronto estos casos en Madrid desde la presunción de inocencia y con prueba pericial informática, revisando cada eslabón de la cadena de custodia. Llevo más de 15 años dedicada en exclusiva al derecho penal. Este delito se regula en el artículo 189 del Código Penal. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El artículo 189 protege a los menores de edad y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Sanciona un abanico de conductas y las agrupa, en esencia, en dos planos: la producción y difusión del material, por un lado, y su posesión o acceso, por otro.

El apartado 1 castiga producir, vender, distribuir, exhibir, ofrecer o facilitar ese material, o poseerlo para esos fines, así como captar o utilizar a un menor en espectáculos exhibicionistas o pornográficos. La pena es de prisión de uno a cinco años. El concepto de este material y su regulación siguen la Directiva 2011/93 de la Unión Europea.

La ley abarca el material pornográfico en cualquier clase de soporte, e incluye tanto las imágenes reales como el material virtual o técnico. Las sucesivas reformas han endurecido estas penas.

El apartado 2 recoge las modalidades agravadas, con prisión de cinco a nueve años. Se aplican, entre otros supuestos, cuando la víctima es menor de dieciséis años, cuando los hechos revisten especial gravedad o cuando el culpable actúa dentro de una organización. En estos casos discuto que la circunstancia agravante concurra de verdad.

Aquí se gana o se pierde el asunto. La acusación se apoya casi siempre en un informe policial sobre dispositivos, direcciones IP y archivos. Ese informe se puede y se debe contrastar con una pericial informática independiente. En los casos de intercambio de archivos en redes de pares o en páginas web, los medios técnicos del atestado se revisan uno a uno, y los tribunales exigen que la prueba en línea se obtenga con todas las garantías.

Reviso varios frentes. La cadena de custodia digital, porque cualquier ruptura resta valor a la prueba. La titularidad real de la IP, que en redes compartidas no identifica a una persona concreta. El acceso no consentido al dispositivo o la suplantación, cuando un tercero pudo usar el equipo. Y la presencia de programas maliciosos que descargan contenido sin conocimiento del usuario.

La carga de la prueba recae en la acusación, nunca en ti. No tienes que demostrar tu inocencia: es la acusación quien debe acreditar, con prueba válida y suficiente, tanto el hecho como tu autoría y tu intención.

Si tras la prueba pericial y el juicio queda una duda razonable, rige el principio in dubio pro reo. Esa duda, en un delito que se sostiene sobre datos técnicos, aparece más veces de lo que parece. Ahí concentro buena parte de mi trabajo.

No prometo un desenlace. Levanto la defensa sobre la prueba técnica y el derecho, y empiezo desde la detención o el registro, porque lo que ocurre en esas primeras horas marca todo el proceso.

Coordino desde el inicio una pericial informática independiente, impugno lo que se obtuvo sin garantías y preparo la prueba de descargo. Si la estrategia lo aconseja, negocio con el Ministerio Fiscal; si no, vamos a juicio con el caso preparado al detalle. La decisión última la tomas tú, con toda la información delante.

Estos casos suelen empezar con una entrada y registro y la intervención de los dispositivos, ordenada por el juzgado de instrucción. Después se practican las periciales y, según la pena, se enjuicia en la Audiencia Provincial.

No declares sin abogado. La asistencia letrada desde la detención es decisiva. Te acompaño en cada comparecencia, cuido tu intimidad y actúo en toda la Comunidad de Madrid, como parte de mi labor de abogada penalista en Madrid, dentro de los delitos informáticos.