Abogada de delitos económicos en Madrid

Por eso conviene una defensa que domine tanto el derecho penal como los números. Llevo más de 15 años ejerciendo derecho penal y dirijo la estrategia junto a especialistas en penal económico. Estos delitos viven sobre todo en el Título XIII del Código Penal, contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Lo primero que miro es qué puede probar realmente la acusación. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Te defiendo con la presunción de inocencia por delante. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

Los delitos económicos son las conductas que buscan un beneficio ilícito con perjuicio para otros. Están regulados en el Código Penal, sobre todo en los artículos 234 a 304. Su tipología es amplia y el ámbito abarca lo fiscal, lo societario y lo financiero.

Afectan tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Es decir, a particulares y a empresas. Son actos que perjudican a terceros, a veces contra la voluntad de socios o acreedores. La responsabilidad penal alcanza a ambas, y también hay responsabilidad civil por el perjuicio causado.

Son delitos frecuentes. En 2022 se registraron 297.054 casos de fraude y estafa en España, y 11.608 delitos de administración desleal y apropiación indebida. Este trabajo forma parte de mi labor como abogada penalista en Madrid.

Defraudar a la Seguridad Social también es delito. El artículo 307 lo castiga cuando la cuantía supera los 50.000 euros. La pena es de 1 a 5 años de prisión y multa.

La cuantía se calcula sobre cuatro años naturales. Como en el delito fiscal, regularizar la deuda a tiempo tiene efectos muy relevantes. Reviso los cálculos de la inspección uno a uno.

La administración desleal la comete quien gestiona un patrimonio ajeno y lo perjudica. El artículo 252 remite a las penas de la estafa, de 6 meses a 3 años. Es habitual entre administradores y socios.

La apropiación indebida es hacer tuyo un bien o un dinero que recibiste con otra finalidad. El artículo 253 prevé también las penas de la estafa. La frontera con un incumplimiento civil es fina.

Los delitos societarios protegen a la empresa y a los socios. La falsedad en las cuentas anuales es el más típico, artículo 290, con prisión de 1 a 3 años y multa. Afectan a administradores de hecho y de derecho.

Desde 2010, una empresa puede responder penalmente por sí misma. El artículo 31 bis del Código Penal regula esa responsabilidad penal de las personas jurídicas. La empresa se sienta en el banquillo junto a las personas físicas.

Los programas de cumplimiento normativo, o programas de compliance, pueden eximir o atenuar esa responsabilidad. Un buen programa de cumplimiento demuestra que la empresa quiso prevenir el delito. El asesoramiento preventivo identifica los riesgos legales y propone medidas.

Reviso y diseño esos programas con los especialistas del bufete. La prevención es más barata que la defensa. Y un programa de cumplimiento serio protege a la empresa y a sus administradores.

Un abogado de delitos económicos protege tus intereses frente a los delitos financieros. Asume el asesoramiento preventivo y la defensa penal cuando ya hay un procedimiento. Son las dos caras del mismo trabajo.

La estrategia procesal es esencial para gestionar la defensa en estos delitos. El abogado debe conocer el derecho penal y el derecho mercantil a la vez. El análisis financiero de la contabilidad detecta las irregularidades.

También represento a quien ha sufrido el delito, ejerciendo la acusación particular. En ambos casos, la calidad de la información y de la prueba lo decide todo.

Este ámbito exige conocimientos técnicos y una actuación rápida en cada lugar del procedimiento. Por eso combino el derecho penal con la contabilidad y el análisis del engaño.

Las penas de los delitos económicos van de una multa a seis años de prisión en el blanqueo. La cuantía defraudada, el perjuicio y el beneficio obtenido mueven esa horquilla. Cada dato de la contabilidad cuenta.

A la pena de prisión se suma casi siempre una multa proporcional y la responsabilidad civil. Hay que devolver lo defraudado y reparar el daño. La pérdida de subvenciones y beneficios fiscales también es habitual.

Hay atenuantes potentes. La regularización, la reparación del daño y la confesión antes de la inspección juegan a tu favor. Los trabajo desde el inicio.

No garantizo resultados. Construyo la mejor defensa con lo que el caso permite. Actúo desde la inspección o la primera citación, antes de que declares.

Diseño una estrategia clara y valoro la negociación cuando conviene. Una conformidad bien negociada o una regularización a tiempo pueden cambiar el resultado. No es rendirse, es proteger tus intereses.

Combino el derecho penal con el análisis financiero y contable, junto a peritos economistas. Reviso la prueba documental, los correos y los flujos de dinero. Cuido la confidencialidad de tus datos en todo momento.

Mi compromiso es la profesionalidad y la atención directa. Sumo a los expertos en penal económico del bufete cuando el caso lo pide. El objetivo se decide contigo, con efectividad y sin promesas vacías.

El procedimiento avanza por fases. La instrucción investiga los hechos, con un plazo de doce meses prorrogable, artículo 324 LECrim. Es una fase larga y documental en estos delitos.

Muchos casos se resuelven en el juicio oral o por conformidad antes de él. El Tribunal Supremo ha fijado criterios claros sobre el dolo y el engaño. Te explico en qué fase estás y qué se puede hacer.

Actúo en toda la Comunidad de Madrid, ante los juzgados de lo penal y la Audiencia Provincial. También ante la Audiencia Nacional cuando el asunto lo exige.