Abogada de Delito Fiscal en Madrid

El salto de lo tributario a lo penal asusta, porque ya no se discute solo dinero: hay una posible condena de por medio. Pero entre una diferencia con Hacienda y un delito fiscal hay un trecho enorme, y casi todo se juega en dos cifras y en una intención. Si te investigan por un delito fiscal, conviene alguien que se mueva con soltura entre lo tributario y lo penal. Trabajo estos casos en Madrid desde la presunción de inocencia. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El delito fiscal se regula en el artículo 305 del Código Penal, dentro del Título XIV, de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada exceda de ciento veinte mil euros.

Quien comete ese hecho será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

La clave es que no cualquier deuda con Hacienda es un delito. El Tribunal Supremo recuerda que el delito fiscal es un delito especial propio y que no se conforma ni con la falta de presentación de declaraciones ni con el impago de la cuota debida: hace falta una maquinación o maniobra dirigida a engañar a la Hacienda Pública. Sin ese engaño doloso y sin superar el umbral, estamos ante una infracción administrativa que resuelve la propia Agencia Tributaria.

No es lo mismo un delito fiscal que una sanción tributaria. Hacienda impone sanciones administrativas por errores, retrasos o incumplimientos que no llegan al umbral penal ni exigen un engaño doloso. El delito aparece solo cuando concurren la cuota superior a ciento veinte mil euros y una conducta defraudatoria consciente, con dolo o intencionalidad.

Muchas discrepancias con la Administración son eso, discrepancias de criterio interpretativo sobre cómo tributa una operación, no fraudes. Defender que estamos ante una interpretación razonable de la norma, y no ante una ocultación dolosa, es una de las vías más eficaces para evitar que un expediente tributario se convierta en un procedimiento penal.

El delito fiscal tiene una salida propia que no existe en otros delitos: la regularización de la situación tributaria del artículo 305.4. Se considera regularizada cuando el obligado tributario procede al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda.

La regularización también surte efecto si se hace antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local interponga querella o denuncia, o antes de que el fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Quien regulariza en esos términos queda exento de pena: es una auténtica excusa absolutoria.

Los efectos de esa exención alcanzan también a las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el obligado pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria. Valorar si una regularización es posible, y en qué términos, es una de las primeras cosas que analizo, porque a veces es la mejor defensa.

El título recoge otras figuras próximas. El fraude a la Seguridad Social del artículo 307 sigue el mismo esquema, con un umbral de cincuenta mil euros. El fraude de subvenciones o ayudas públicas del artículo 308 castiga obtener o destinar indebidamente fondos públicos. El delito contable del artículo 310 sanciona llevar contabilidades falsas, dobles o no llevar la obligatoria, y el artículo 310 bis regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por estos delitos.

Cada figura tiene sus propios requisitos y umbrales, y a menudo aparecen entrelazadas con la defraudación tributaria y con delitos conexos como la falsedad documental o el blanqueo de capitales. La defensa examina si cada delito imputado se sostiene por separado o si la acusación los acumula sin base suficiente.

La defensa de un delito fiscal se apoya en varios frentes. El primero es la cuota: discutir su cálculo, con apoyo pericial, para situarla por debajo del umbral de los ciento veinte mil euros. El segundo es el dolo, el ánimo de defraudar, porque sin él no hay delito, solo una posible infracción o una discrepancia interpretativa. Un error contable, una interpretación razonable de la norma o la confianza en un asesor pueden excluir ese dolo.

El tercero es la regularización, cuando es viable, y el cuarto es la prescripción: el delito fiscal básico prescribe a los cinco años y el agravado del artículo 305 bis a los diez, con reglas propias distintas de la prescripción administrativa de cuatro años. También reviso siempre si en la obtención de la prueba se han vulnerado derechos fundamentales. Sobre todo ello se levanta la presunción de inocencia, que obliga a la acusación a probar cada elemento.

Empiezo por estudiar a fondo el expediente tributario y las cifras: qué operación se cuestiona, cómo ha calculado Hacienda la cuota defraudada y con qué prueba cuenta la acusación. Reviso la contabilidad y la documentación tributaria en busca de errores, y con ese análisis te explico con franqueza cómo veo el caso y respondo a todas tus dudas, porque una respuesta clara desde el principio te ayuda a decidir. No prometo resultados, pero sí un trabajo riguroso sobre cada dato que la acusación tiene que sostener.

A partir de ahí valoro la regularización si procede, discuto el cálculo de la cuota con apoyo de peritos económicos, defiendo la ausencia de dolo y, si conviene a tus intereses, negocio con las acusaciones una conformidad ventajosa. Coordino la defensa con los especialistas en penal económico de Ramírez y Crespo Abogados y actúo como abogada penalista en Madrid, dentro de la defensa de los delitos económicos. La decisión, en cada paso, es tuya.

Estos asuntos suelen nacer en una inspección de la Agencia Tributaria. Si la Administración aprecia indicios de delito, paraliza el expediente y pasa el tanto de culpa a la Fiscalía o presenta denuncia, y el caso llega al Juzgado de Instrucción. Por eso la fase administrativa es tan importante: lo que se declara y se documenta ante Hacienda condiciona todo el proceso penal posterior, y conviene contar con abogado ya durante la inspección.

La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción y se enjuicia, según la pena, en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial, con recurso contra la sentencia y, en su caso, casación ante el Tribunal Supremo. Te acompaño desde la inspección y, sobre todo, desde la primera declaración como investigado. Y lo repito siempre: no declares sin abogado, porque en el delito fiscal cada cifra y cada matiz cuentan desde el inicio.