Abogada de abuso sexual en Madrid

Lo que antes era abuso sexual hoy se enjuicia como agresión sexual, y casi todo se decide alrededor del consentimiento y de lo que la acusación pueda acreditar. En un caso así la presunción de inocencia no es un formalismo: es el terreno donde se juega tu futuro, y conviene pisarlo bien acompañado desde el primer día. Llevo más de 15 años dedicada en exclusiva al derecho penal, y el abuso sexual en Madrid es de los asuntos que trato con más cuidado. El abuso sexual se regula hoy en el artículo 178 del Código Penal. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

Conviene empezar por una idea que cambia todo el planteamiento. Desde la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, el abuso sexual ya no existe como delito independiente. La reforma, en vigor desde el 7 de octubre de 2022 y ajustada después por la Ley Orgánica 4/2023, fundió el abuso y la agresión en una sola figura: la agresión sexual.

En la práctica, lo que antes se llamaba abuso sexual (los actos de carácter sexual sin consentimiento, pero sin violencia ni intimidación) hoy se juzga como agresión sexual del artículo 178. Antes de la reforma esos abusos se castigaban con prisión de uno a tres años; ahora la horquilla del tipo básico va de uno a cuatro años.

En aquel régimen anterior, el tipo agravado del abuso sexual llegaba a penas de cuatro a diez años. Y el consentimiento no se consideraba válido cuando mediaba abuso de superioridad o cuando la víctima estaba en una situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo por un trastorno mental. Esa lógica se mantiene, ya integrada en la agresión sexual.

Todo esto vive en el Título VIII del Libro II del Código Penal, dedicado a los delitos contra la libertad sexual. Saber en qué punto exacto de esa legislación encaja tu caso es el principio de cualquier defensa.

Desde la reforma, casi toda la discusión gira alrededor del consentimiento. La acusación debe probar que no lo hubo; a la defensa le corresponde mostrar que existió o que la prueba de su ausencia no se sostiene.

Ese análisis pide contexto y rigor: los mensajes anteriores y posteriores, el relato de cada parte y las circunstancias del encuentro. La ausencia de resistencia física no equivale a consentimiento, pero un relato aislado tampoco basta por sí solo para condenar. Trabajo ese terreno con respeto a todos y sin dar nada por hecho.

El artículo 180 eleva la pena cuando concurren determinadas circunstancias: la actuación conjunta de dos o más personas, el uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, una relación de superioridad o parentesco con la víctima, o su situación de especial vulnerabilidad. En esos casos la pena se impone en su mitad superior o pasa a una horquilla más alta.

No doy por buena ninguna agravante sin discutirla. Que se invoque no significa que concurra, y cada una hay que probarla.

Conviene no confundir figuras cercanas. El acoso sexual del artículo 184 castiga solicitar favores de naturaleza sexual dentro de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, con multa o pena menor. No requiere contacto.

El abuso o agresión sexual, en cambio, recae sobre actos de carácter sexual sin consentimiento. Situar bien el caso en una figura o en otra cambia por completo la pena. Lo desarrollo también en mi página de agresión sexual en Madrid, dentro de los delitos contra la libertad sexual.

En estos delitos la declaración de la víctima puede ser prueba de cargo, incluso como única prueba. Pero el Tribunal Supremo exige requisitos estrictos para que baste por sí sola: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del relato y persistencia en la incriminación.

Cuando la condena se apoya en ese testimonio, la sentencia necesita una motivación reforzada. Y si tras la prueba queda una duda razonable, rige el principio in dubio pro reo: la duda favorece al acusado. La carga de la prueba no recae en ti; es la acusación quien debe destruir la presunción de inocencia.

La horquilla es amplia. Va de la multa o la mitad inferior en el hecho de menor entidad, a la prisión de uno a cuatro años del tipo básico, y hasta los doce años cuando hay acceso carnal, más aún si el culpable es responsable de un hecho agravado.

A la pena principal se añaden consecuencias accesorias, como la prohibición de aproximación, la libertad vigilada o medidas de protección de la víctima. Una condena de este tipo marca de por vida. Por eso peleo la absolución y, cuando no es posible, la calificación menos grave.

No prometo un desenlace. Levanto la defensa sobre la prueba y el derecho, con respeto a todas las personas implicadas, y empiezo desde la primera citación o la detención.

Analizo la credibilidad y la coherencia del testimonio, los informes forenses y periciales, y las comunicaciones entre las partes. Busco las contradicciones, los vacíos probatorios y la falta de corroboración que impiden una condena. Y cuido cada garantía procesal, porque una prueba obtenida sin respetar tus derechos no debe valer.

Conserva desde el minuto uno toda la documentación y los mensajes que tengas: bien preservados, suelen ser la mejor prueba de descargo. No borres nada ni contactes con la otra parte sin hablarlo antes conmigo.

Si la estrategia lo aconseja, negocio; si no, vamos a juicio con la defensa preparada al detalle. La decisión última la tomas tú, con toda la información delante.

El asunto se instruye en un juzgado de instrucción y se enjuicia en la Audiencia Provincial cuando la pena es elevada. La denuncia puede presentarse ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado de guardia, y muchas veces se persona una acusación particular junto al Ministerio Fiscal. Durante el proceso pueden acordarse medidas cautelares, como una orden de alejamiento. La asistencia letrada desde la primera declaración es decisiva, porque lo que se diga al inicio pesa en todo el procedimiento.

Te acompaño en cada comparecencia, preparo la prueba de descargo y cuido tu intimidad durante todo el proceso. Actúo en toda la Comunidad de Madrid, como parte de mi labor de abogada penalista en Madrid.