Abogada de difusión de imágenes íntimas en Madrid

Es una de esas situaciones en las que un impulso de unos segundos puede tener consecuencias penales serias. Conviene mantener la calma y entender bien la figura, porque el delito del artículo 197.7 del Código Penal tiene requisitos muy concretos: no basta con que las imágenes existan, hace falta que se difundieran sin autorización y que se menoscabara gravemente la intimidad de la persona afectada. Trato estos asuntos con el máximo rigor y con la discreción que exigen, centrándome en la defensa técnica y sin entrar a juzgar a nadie. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El delito de difusión de imágenes íntimas, introducido en el Código Penal como el llamado delito de sexting, castiga a quien difunde, revela o cede a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de otra persona, obtenidas con su anuencia en un domicilio o en un lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando esa divulgación se hace sin autorización de la persona afectada y menoscaba gravemente su intimidad personal. El núcleo del tipo está en el contraste entre una obtención consentida y una difusión que no lo fue. La reforma que introdujo el precepto respondió a la práctica del envío de fotografías o vídeos íntimos entre personas de confianza que después se comparten sin permiso.

En España, el Código Penal español protege la intimidad frente a este comportamiento, muy distinto de una simple infracción administrativa. La acción de difundir, revelar o ceder, por cualquier modo, en una página web, en una publicación o mediante la exhibición del contenido, lesiona la intimidad y, en ocasiones, también el derecho al honor de la persona afectada. Conviene precisar las diferencias con otras figuras y las exigencias del tipo, sobre todo cuando la información afecta a menores de edad, ya que el art. 197.7 CP reserva para ellos una protección reforzada.

El artículo 197.7 del Código Penal castiga con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses a quien, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. La pena se impone en su mitad superior cuando los hechos los comete el cónyuge o una persona unida por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, cuando la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando los hechos se cometen con una finalidad de lucro.

La clave de este delito es distinguir dos consentimientos distintos. El artículo 197.7 presupone que las imágenes o grabaciones se obtuvieron con anuencia de la persona afectada, es decir, de forma lícita. Lo que se castiga es la difusión posterior sin autorización. Por eso el consentimiento inicial para tomar o compartir una fotografía en un ámbito privado no autoriza su difusión posterior a terceros. Este matiz es esencial en la defensa, porque muchas veces la discusión gira en torno a qué se consintió exactamente y con qué alcance.

No cualquier difusión encaja en el tipo. La ley exige que la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de la persona afectada. Ese requisito de gravedad es un elemento del delito que debe probarse, y su valoración depende del contenido de las imágenes, de su alcance y del contexto. La prueba del menoscabo grave, y no solo de la difusión, es uno de los terrenos donde se libra la defensa.

La mayoría de estos casos se producen a través de redes sociales o de aplicaciones de mensajería instantánea. La difusión de fotos íntimas en grupos de WhatsApp es hoy uno de los supuestos más frecuentes, y plantea cuestiones específicas sobre la responsabilidad de quien reenvía un contenido que ya circulaba. La forma en que se realizó el envío, el número de destinatarios y la trazabilidad del reenvío son datos que suelen determinar tanto la existencia del delito como el alcance de la responsabilidad. Reconstruir con precisión ese recorrido digital es parte esencial del trabajo.

Conviene no confundir esta figura con el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 en su versión general. Aquel castiga la obtención ilícita de datos, imágenes o comunicaciones, por ejemplo apoderándose de ellas o interceptándolas. El artículo 197.7, en cambio, presupone que las imágenes se obtuvieron lícitamente, con anuencia de la persona afectada, y castiga solo su difusión posterior no autorizada. Calificar bien los hechos, distinguiendo entre la obtención y la difusión, cambia por completo el marco penal.

La primera línea de defensa es el consentimiento en la difusión. Acreditar que existió autorización, expresa o tácita, para compartir el contenido excluye el tipo. La segunda es el menoscabo grave de la intimidad, que la acusación debe probar y que no se presume por el simple hecho de la difusión. La tercera es la autoría: en los reenvíos en cadena, identificar con certeza quién difundió qué es más complejo de lo que parece, y la duda favorece al investigado. La cuarta es el ámbito espacial reservado en el que se obtuvieron las imágenes, requisito del tipo. Y la quinta es la valoración de una posible reparación del daño, que puede tener efectos atenuantes. Todo ello, siempre, con respeto a la intimidad de las personas afectadas.

Empiezo por reconstruir el recorrido del contenido y por examinar qué se consintió y en qué momento. Reviso los mensajes, los metadatos, la trazabilidad del envío y la prueba sobre el menoscabo de la intimidad. A partir de ahí decidimos juntos si la estrategia pasa por acreditar el consentimiento, discutir la gravedad del menoscabo, cuestionar la autoría en un reenvío o valorar una reparación. Trato el asunto con discreción y neutralidad, sin entrar en el fondo moral de lo ocurrido, y te acompaño en cada paso, con claridad y sin promesas de resultado.

El procedimiento suele iniciarse con la denuncia de la persona afectada, a menudo acompañada de capturas de pantalla y otros datos digitales, y con la intervención de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en la obtención de la prueba electrónica. La instrucción se centra en identificar al autor de la difusión y en acreditar el menoscabo de la intimidad. Si los indicios se confirman, el asunto llega a juicio ante el Juzgado de lo Penal o, en función de la calificación, ante la Audiencia Provincial, y la sentencia valorará tanto la difusión como el menoscabo de la intimidad. El Tribunal Supremo ha precisado los contornos de ese menoscabo grave. Intervenir cuanto antes permite ordenar la prueba digital, que es frágil y decisiva en estos casos.

Si te investigan por una difusión de imágenes íntimas, conviene actuar cuanto antes y con discreción. Puedes escribirme o llamar directamente al 679 83 61 05 y lo revisamos juntos. Trabajo desde Princesa 24, en Madrid, con la defensa penal como única especialidad. Si buscas abogado difusión de imágenes íntimas Madrid, lo importante es que quien te defienda haga solo derecho penal y sepa manejar la prueba digital. Puedes conocer mi trabajo como abogada penalista en Madrid, ver el resto de delitos informáticos que llevo, o revisar figuras cercanas como el descubrimiento y revelación de secretos y la suplantación de identidad. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.