Abogada para la cancelación de antecedentes penales en Madrid

La cancelación de antecedentes penales existe para eso. Cuando la pena ya se ha cumplido y ha pasado el tiempo que marca la ley sin volver a delinquir, tienes derecho a que el Ministerio de Justicia borre la inscripción del Registro Central de Penados. El problema es que los plazos se calculan mal con mucha frecuencia, que la cancelación de oficio no siempre llega y que una denegación mal entendida puede costarte meses. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid, y reviso contigo la hoja histórico-penal, las fechas y el camino más rápido para que esos antecedentes dejen de pesar.

Los antecedentes penales son las inscripciones que el Registro Central de Penados guarda de cada sentencia firme que impone una pena o una medida de seguridad. Mientras están vigentes aparecen en el certificado de antecedentes penales que expide el Ministerio en toda España y los tribunales los tienen en cuenta, por ejemplo, para apreciar la reincidencia o para decidir si suspenden una pena de prisión.

El artículo 136 del Código Penal reconoce a los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal el derecho a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales. Los requisitos son dos: haber extinguido la responsabilidad penal, es decir, que la pena esté extinguida, porque se ha cumplido, se ha remitido o se ha indultado, y que haya transcurrido el plazo legal sin haber vuelto a delinquir. No hay que demostrar buena conducta ni pedir permiso a nadie: si se cumplen las condiciones, la cancelación es un derecho.

Conviene distinguirla de otras figuras con las que se confunde. La prescripción del delito impide juzgar un hecho; la cancelación actúa después, cuando ya hubo condena. Y los antecedentes policiales son otra cosa distinta: son los datos que guardan la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Municipal, y se borran por otra vía. Te lo explico en la página de cancelación de antecedentes policiales.

Es el caso que más dudas genera. Muchas condenas a prisión de hasta dos años se suspenden y la persona no llega a entrar en prisión. El artículo 136.2 del Código Penal dice que, en ese supuesto, una vez obtenida la remisión definitiva de la pena, el plazo se computa retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que se habría cumplido la pena si no se hubiera disfrutado de la suspensión. Y para calcular esa fecha se toma como inicio el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

En la práctica significa dos cosas. La primera, que hasta que el juzgado no dicta la remisión definitiva la pena no está extinguida y no se puede cancelar nada. La segunda, que cuando llega esa remisión el reloj no empieza de cero: se cuenta hacia atrás, y a veces el plazo ya está cumplido ese mismo día. Pedir la remisión a tiempo en el juzgado de ejecución es, muchas veces, la llave para que la cancelación sea inmediata.

Las condenas por delito leve llevan penas leves, normalmente multas de pocos meses, localización permanente de corta duración o una prohibición de aproximación breve. Su plazo es el más corto de todos: seis meses desde que la pena quedó extinguida. Que sea un delito leve no significa que no genere antecedente. Mientras la multa no se ha pagado o la pena no se ha cumplido, el plazo ni siquiera empieza a correr. Si la multa se impagó y se transformó en responsabilidad personal subsidiaria, la extinción depende de cómo se cumplió esa responsabilidad, y conviene revisarlo.

Hay dos situaciones habituales. En la primera, la cancelación simplemente no llega: pasa el tiempo, pides un certificado y la condena sigue apareciendo. Casi siempre falta información en el Registro, y se resuelve aportando al Ministerio la resolución que acredita la extinción o pidiendo al juzgado que la comunique. En la segunda, el Ministerio deniega la solicitud porque entiende que no se cumple el plazo o que hubo un delito posterior. Ahí hay que revisar el cómputo con detalle, porque los errores de fechas son frecuentes, y valorar el recurso que corresponda.