Abogada de administración desleal en Madrid

Si te exceden en tus facultades y causas un perjuicio, la ley puede ver un delito donde tú ves una decisión de gestión, y esa distancia entre la mala gestión y el delito es donde trabajo. Llevo más de 15 años dedicada solo al derecho penal. La administración desleal se regula en el artículo 252 del Código Penal. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Te defiendo con la presunción de inocencia por delante. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

La administración desleal se regula en el artículo 252 del Código Penal. Su texto delimita el delito. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

De ese texto salen dos claves. La primera, un exceso en las facultades de gestión: usar un poder que se tiene de forma indebida, o ejercer potestades que no se tienen. La segunda, un perjuicio patrimonial real para el titular de los bienes.

El Tribunal Supremo lo resume así: la ilicitud del administrador surge no solo cuando usa mal sus facultades, sino cuando ejerce facultades que no tiene, en perjuicio del patrimonio administrado. Sin ese daño, no hay delito.

El delito exige una infracción de tus deberes: que te excedas en el ejercicio de tus facultades con actos de disposición sobre el patrimonio. No basta una gestión discutible: hace falta salirse del marco de actuación que tenías reconocido.

Y hace falta un perjuicio. La administración desleal es un delito de resultado: la conducta tiene que causar un daño efectivo al patrimonio administrado, y esa causación del daño es lo que consuma el delito. Ese perjuicio, o importe defraudado, es una de las cosas que más peleo, muchas veces con auditores y peritos contables.

No toda decisión arriesgada es delito. La ley respeta el criterio empresarial adoptado de buena fe y con información suficiente, aunque después el resultado sea malo. Mi defensa separa esa decisión de negocio legítima del abuso consciente de las facultades, que es lo único que castiga el artículo 252.

Los dos delitos se rozan y conviene marcar sus diferencias. En la administración desleal hay una gestión desleal de bienes ajenos: el culpable se excede en sus facultades y causa un perjuicio, sin quedarse con una cosa concreta ni recibir una entrega previa para devolverla.

En la apropiación indebida, en cambio, te quedas con algo que recibiste legítimamente y debías devolver. Ambos remiten a las penas de los artículos 249 y 250, pero la calificación cambia la defensa. Lo desarrollo junto a la apropiación indebida en Madrid, dentro de los delitos patrimoniales.

Probar una administración desleal exige reconstruir la gestión con documentos. La prueba documental es clave: las actas del consejo de administración, los contratos, los extractos bancarios y las cuentas anuales marcan qué se decidió y con qué efecto sobre el patrimonio.

A esa base se suma la prueba pericial contable y la testifical de quienes conocían la operación. Conocer la dinámica interna de un consejo de administración es esencial, y por eso reviso toda esa documentación antes de que declares, para adelantarme a la estrategia de la acusación.

Hay una vía de defensa poco conocida en el ámbito familiar. El artículo 268 exime de responsabilidad penal, y deja solo la responsabilidad civil, en los delitos patrimoniales sin violencia cometidos entre cónyuges no separados y entre ascendientes, descendientes y hermanos.

Cuando la administración desleal se produce dentro de la familia, esa excusa absolutoria puede cerrar la vía penal por completo. Es de las primeras cosas que compruebo en los conflictos por herencias o por negocios familiares.

El abanico va de la multa de uno a tres meses en el delito leve, a la prisión de seis meses a tres años del tipo básico, y hasta los seis años en la modalidad agravada del artículo 250. Cada tramo depende del importe del perjuicio y de las circunstancias que concurran.

El importe del perjuicio es la palanca principal de la pena. Una condena deja antecedentes penales y arrastra responsabilidad civil por el daño causado al patrimonio. Trabajo cada factor para reducir tu exposición.

No firmo resultados. Levanto la defensa sobre lo que la prueba sostiene y empiezo desde la primera citación. Mi eje es una idea sencilla: una mala gestión no siempre es un delito.

Ataco tres frentes. El alcance de tus facultades, para mostrar que actuaste dentro de ellas. La existencia del perjuicio, que a veces no existe o no deriva de tu conducta. Y la cuantía, con pericial económica, para evitar el salto a la modalidad agravada.

Un buen programa de prevención penal, o compliance, ayuda cuando la investigada es la sociedad. Con todo ello negocio con el Ministerio Fiscal una salida o, si la prueba es débil, vamos a juicio. La decisión última la tomas tú.

El asunto se investiga en un juzgado de instrucción y se enjuicia, según la pena, en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial. La defensa en juicio incluye la representación técnica durante toda la vista oral.

Reviso desde el inicio las actas, los estatutos, las cuentas y los correos que documentan tu actuación. Preparo la prueba pericial y testifical de descargo y te acompaño en cada comparecencia. Actúo en toda la Comunidad de Madrid, como parte de mi labor de abogada penalista en Madrid.