Abogada de alzamiento de bienes en Madrid

Eso no es solo escapar de una deuda: puede ser un delito de alzamiento de bienes. La ley protege el derecho del acreedor a cobrar y castiga a quien se vuelve insolvente a propósito, pero no toda venta ni toda donación es delito, y ahí está la defensa. Llevo más de 15 años dedicada solo al derecho penal. El alzamiento de bienes se regula en el artículo 257 del Código Penal. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Te defiendo con la presunción de inocencia por delante. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El alzamiento de bienes se regula en el artículo 257 del Código Penal español. Su texto es directo. El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

El mismo artículo castiga a quien, con ese fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo.

El bien jurídico protegido es el derecho de crédito: la posibilidad real del acreedor de cobrar. El delito se persigue aunque después se abra un concurso, porque lo que se castiga es la maniobra para dejar sin contenido la ejecución.

La clave del delito es que te coloques en una situación de insolvencia, real o aparente, frente a quien te reclama. No hace falta quedarte sin absolutamente nada: basta con dificultar de forma seria el cobro de la deuda. A veces es una sola operación; a veces, toda una serie de actos coordinados.

Tampoco es imprescindible que el acreedor no cobre al final. El delito se consuma con la maniobra que pone en riesgo su satisfacción, aunque el daño sea un resultado que llegue después. El Tribunal Supremo exige que exista una deuda previa o, al menos, ya nacida cuando se realizan los actos.

Ese orden temporal es una de mis principales líneas de defensa. Si la deuda no existía cuando dispusiste de los bienes, difícilmente hubo intención de perjudicar a un acreedor.

La pena sube cuando la deuda es de derecho público y el acreedor una entidad pública. En obligaciones frente a la Hacienda Pública o la Seguridad Social, el artículo 257 prevé prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.

Estos asuntos suelen ir unidos a un delito fiscal o a deudas con la Seguridad Social, y ahí la defensa se coordina con esa otra pieza. Lo trabajo dentro de mi área de delitos económicos.

El tipo básico se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, es decir, de 12 a 24 meses. Con deuda pública, la horquilla llega a seis años. La frustración de la ejecución del artículo 258 se mueve en penas menores.

Una condena deja antecedentes penales y no borra la deuda: la responsabilidad civil sigue viva. Por eso trabajo tanto la vertiente penal como la salida al conflicto de fondo, muchas veces reintegrando los bienes o pagando.

No firmo resultados. Levanto la defensa sobre lo que la prueba sostiene y empiezo desde la primera citación. Mi eje es el elemento intencional: sin ánimo de perjudicar al acreedor, no hay alzamiento.

Ataco tres frentes. La existencia y la fecha de la deuda, para situar tus actos antes de que naciera. La justificación real de cada operación, con su causa y su precio. Y la solvencia que conservaste, porque muchas veces el patrimonio restante bastaba para pagar.

Reúno con la contabilidad, las escrituras y los movimientos bancarios una versión sólida de lo ocurrido. Con ella busco acuerdos extrajudiciales que protejan tus intereses y eviten el juicio, negocio con el Ministerio Fiscal o defiendo tu caso ante el juez. La decisión última la tomas tú, con todo sobre la mesa.

Desde la iniciación del procedimiento, el asunto se investiga en un juzgado de instrucción y se enjuicia, según la pena, en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial. La defensa en juicio incluye la representación técnica durante toda la vista oral. Junto al proceso penal, el acreedor puede ejercer acciones civiles para recuperar los bienes.

Reviso desde el inicio las escrituras, los registros y la contabilidad que documentan cada acto de disposición por parte del deudor. Preparo la prueba pericial y te acompaño en cada comparecencia. Actúo en toda la Comunidad de Madrid, como parte de mi labor de abogada penalista en Madrid, dentro de los delitos patrimoniales.