Abogada de homicidio imprudente en Madrid

Una maniobra en la obra que salió mal. Una decisión clínica que se torció. Nadie quiso que muriera nadie, y sin embargo hay una persona fallecida y tú estás investigado. El homicidio imprudente es exactamente eso: causar la muerte de otro sin quererlo, por una infracción del deber de cuidado. Y aunque el dolor de fondo es enorme, en el plano jurídico casi todo se juega en dos preguntas: si hubo imprudencia y de qué grado, y si esa imprudencia causó realmente la muerte. He acompañado a conductores, profesionales y trabajadores en ese momento en que la vida se parte en dos, cuidando tanto la defensa técnica como el trato humano. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El delito de homicidio imprudente consiste en causar la muerte de otra persona sin intención de hacerlo, por una infracción del deber de cuidado exigible. Lo que separa el delito de homicidio imprudente del homicidio doloso es precisamente la ausencia de dolo: aquí no hay voluntad de matar ni aceptación de ese resultado, sino un descuido que produce una muerte. El bien jurídico protegido es la vida. Para que exista delito de homicidio hacen falta tres elementos: una conducta imprudente del sujeto, un resultado de muerte y una relación de causalidad que una la primera con el segundo. El homicidio imprudente puede cometerse por acción o por omisión, cuando quien tenía el deber de actuar no lo hizo. El autor de un homicidio imprudente responde por su falta de diligencia, no por una voluntad de matar.

El artículo 142 regula el homicidio por imprudencia y distingue dos niveles de gravedad. Reproduzco su contenido esencial porque, en esta materia, el detalle literal marca la pena.

El apartado primero establece que el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379, como la tasa de alcohol o el exceso de velocidad, determinara la producción del hecho. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años. Y si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años.

El apartado segundo dispone que el que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Si se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, cabrá la privación del derecho al porte o tenencia de armas por el mismo tiempo. El homicidio por imprudencia menos grave solo es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

La imprudencia grave es la vulneración manifiesta de las normas de cuidado más elementales, un desprecio de la diligencia que cualquiera habría observado. Es la modalidad más severa del homicidio por imprudencia grave, castigada con prisión de uno a cuatro años. En el ámbito de la circulación, la ley reputa en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que concurra alguna de las circunstancias del artículo 379, es decir, conducir con tasas de alcohol o drogas por encima del límite o con exceso temerario de velocidad. Determinar si la imprudencia fue realmente grave, o si encaja mejor en la categoría menos grave, es una de las batallas centrales de la defensa.

La mayoría de los homicidios imprudentes que llegan a los juzgados nacen de un accidente de tráfico. Cuando el hecho se comete utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, además de la pena de prisión o multa, se impone la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Aquí resultan decisivas la reconstrucción del accidente, la mecánica de la colisión, la posible concurrencia de culpas de la víctima o de terceros y el estado de la vía.

Si el homicidio se comete utilizando un arma de fuego, se añade la privación del derecho al porte o tenencia de armas. Y cuando la muerte deriva del ejercicio de una profesión, como la sanitaria o la de la construcción, se habla de imprudencia profesional, que lleva aparejada la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo. En estos casos la prueba pericial sobre la lex artis, es decir, sobre si se respetaron o no las reglas técnicas de la profesión, es determinante.

La imprudencia menos grave es una infracción del deber de cuidado de menor intensidad que la grave, pero que va más allá del simple descuido. Se entiende por imprudencia menos grave aquella que, sin alcanzar la entidad de la grave, supone una relevante desatención de las normas de cuidado. El homicidio por imprudencia menos grave se castiga solo con pena de multa de tres a dieciocho meses y, a diferencia del grave, únicamente es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada. La frontera entre la imprudencia grave y la menos grave, y entre esta y la antigua imprudencia leve hoy despenalizada, es sutil y muy discutida en la jurisprudencia.

Dos elementos sostienen todo el delito. El primero es la infracción del deber de cuidado: hay que probar qué norma de diligencia se incumplió y que el sujeto podía y debía haberla respetado. El segundo es la relación de causalidad: la muerte tiene que ser consecuencia directa de esa imprudencia, no de un factor ajeno. El Tribunal Supremo ha insistido en que, si entre la conducta y el resultado se interpone una causa independiente, o si la víctima o un tercero contribuyeron de forma decisiva, el nexo causal se rompe. Cuestionar esa causalidad es, muchas veces, la vía más eficaz de defensa.

El artículo 142 bis permite al juez o tribunal imponer motivadamente la pena superior en uno o dos grados cuando el hecho revista notoria gravedad, en atención a la singular entidad del riesgo creado y al deber normativo de cuidado infringido, y se produzca la muerte de una pluralidad de personas. Se impone la pena superior en un grado cuando fallecen dos o más personas, o una persona y otras sufren lesiones graves, y superior en dos grados cuando el número de fallecidos es muy elevado. Es la respuesta del Código Penal a los siniestros con múltiples víctimas.

La primera línea es el grado de imprudencia. Rebajar la calificación de imprudencia grave a menos grave cambia por completo el escenario, porque se pasa de la prisión a la multa. La segunda es la relación de causalidad: si la muerte obedece a una causa distinta de la conducta imputada, o a la intervención de la víctima o de terceros, decae el delito. La tercera es el caso fortuito, que excluye la responsabilidad penal cuando el resultado era imprevisible pese a haber actuado con diligencia. La cuarta, en los supuestos profesionales, es acreditar el cumplimiento de la lex artis. Y la quinta es valorar, cuando proceda, la reparación del daño y la conformidad, que pueden reducir la pena y encauzar la responsabilidad civil.

Empiezo por el atestado y por la prueba. En un homicidio imprudente los primeros actos de instrucción son determinantes: la inspección ocular, el informe de la autopsia, la reconstrucción del accidente o la pericial médica marcan el rumbo del procedimiento. Reviso cada documento, coordino con peritos, reconstruyo la secuencia de los hechos y decido contigo si la estrategia es discutir el grado de imprudencia, atacar la causalidad, plantear el caso fortuito o negociar una solución que atienda también a la responsabilidad civil y a la indemnización de los perjudicados. Te acompaño en cada paso, con claridad y sin promesas de resultado.

El procedimiento suele iniciarse con las diligencias policiales tras el fallecimiento y avanza por una instrucción en la que se practican la autopsia, las periciales y las declaraciones. La calificación provisional fija el grado de imprudencia que se atribuye, y en torno a él gira la fase intermedia. Si el asunto llega a juicio, se celebra ante el Juzgado de lo Penal o, según la pena, ante la Audiencia Provincial. Como la defensa empieza mucho antes del juicio, intervenir desde la primera declaración permite orientar la prueba y evitar reconocimientos precipitados.

Si te investigan por un homicidio imprudente, tras un accidente de tráfico, un siniestro laboral o un caso profesional, cada día cuenta. Puedes escribirme o llamar directamente al 679 83 61 05 y lo revisamos juntos. Trabajo desde Princesa 24, en Madrid, con la defensa penal como única especialidad. Si buscas abogado homicidio imprudente Madrid, lo importante es que quien te defienda haga solo derecho penal y sepa leer una pericial. Puedes conocer mi trabajo como abogada penalista en Madrid, ver el resto de delitos contra las personas que llevo, o revisar la figura vecina del homicidio. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.