Abogada de estafa en Madrid

Alguien te hace creer algo falso y, por esa creencia, entregas tu dinero. Esa es la línea que separa un mal negocio de un delito, y es la primera que reviso en tu caso, porque muchas acusaciones se caen cuando el engaño no era bastante o faltaba el ánimo de lucro. Llevo más de 15 años dedicada solo al derecho penal. La estafa se define en el artículo 248 del Código Penal. Soy Carolina Conchouso, abogada penalista en Madrid. Te defiendo con la presunción de inocencia por delante. Cuéntame qué ha pasado. El resto lo veo yo.

El delito de estafa se regula en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal, y su bien jurídico protegido es el patrimonio. La definición está en el artículo 248 del Código Penal. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

De ahí salen los elementos que la acusación debe probar. Un engaño bastante, esto es, suficiente para provocar el error. Un error en la víctima. Un acto de disposición patrimonial motivado por ese error. Y un perjuicio, propio o ajeno, ligado al ánimo de lucro del autor.

La estafa se consuma cuando se realiza el acto de disposición patrimonial. Si el engaño era burdo, si no había ánimo de lucro o si el perjuicio no deriva del engaño, no hay estafa. Ahí construyo buena parte de la defensa.

La estafa online se persigue como estafa informática. También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de un activo patrimonial en perjuicio de otro.

El fraude con medios de pago entra por la misma puerta. Se castiga usar sin consentimiento tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo. La pena es también de prisión de seis meses a tres años.

En estos casos reviso la trazabilidad de la transferencia, los registros del banco y la prueba informática. Un IP, un dispositivo o un cargo no siempre identifican al autor, y esa duda es defensa.

El artículo 250 recoge la estafa agravada. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando concurra alguna de sus circunstancias.

Entre ellas, que recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. Que se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial. Que recaiga sobre bienes del patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. Que revista especial gravedad atendiendo al perjuicio causado.

También agrava que el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas. Que se cometa con abuso de las relaciones personales o de la credibilidad empresarial o profesional. Que sea estafa procesal. Y que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de este capítulo, sin contar antecedentes cancelados o que debieran estarlo.

El escalón más alto llega con el apartado 2. Cuando la defraudación supere los 250.000 euros, o concurran varias de esas circunstancias, la pena sube a prisión de cuatro a ocho años. Frente a cada agravante, mi trabajo es discutir que concurra de verdad.

Una persona jurídica también puede responder por estafa. El artículo 251 bis prevé su responsabilidad penal cuando el delito cometido por sus administradores o empleados se realiza en su nombre y beneficio.

La pena para la empresa es de multa, que puede fijarse en proporción a lo defraudado. Si el delito cometido por la persona física tiene señalada una pena grave, la multa de la persona jurídica crece en la misma medida.

Un buen programa de prevención penal, el llamado compliance, puede eximir o atenuar esa responsabilidad. Cuando defiendo a una sociedad, ese modelo de prevención es una de mis primeras líneas.

La estafa se mueve en una horquilla amplia. Va de la multa de uno a tres meses en el delito leve, a la prisión de seis meses a tres años del tipo básico, y hasta los cuatro a ocho años de la estafa más grave.

La cuantía de lo defraudado y las circunstancias del artículo 250 son las palancas que mueven esa pena. Una condena por estafa deja antecedentes penales y arrastra responsabilidad civil por el dinero defraudado. Trabajo cada factor para reducir tu exposición.

El asunto se investiga en un juzgado de instrucción y se enjuicia, según la pena, en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial. La defensa en juicio incluye la representación técnica durante toda la vista oral.

Reviso el atestado y la documentación desde el inicio, preparo la prueba de descargo y te acompaño en cada comparecencia. Mantengo contigo una comunicación fluida en todo el procedimiento. Actúo en toda la Comunidad de Madrid, como parte de mi labor de abogada penalista en Madrid.